La función social de la vivienda y la seguridad jurídica

La tensión jurídica es evidente: se produce un choque frontal entre la seguridad jurídica de los contratos de arrendamiento y la protección de la estabilidad de la vivienda habitual. Mientras que la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos establecía un marco de previsibilidad contractual, las nuevas medidas urgentes buscan reforzar la estabilidad del arrendatario y ampliar la oferta asequible, imponiendo límites a la autonomía de la voluntad en aras de un bien superior.

Desde una perspectiva de justicia distributiva y bien común, es loable que el legislador reconozca que la vivienda no es un mero activo financiero, sino el espacio indispensable para la tutela de la familia y la dignidad inviolable de la persona. La ratio de estas reformas reside en la premisa de que la vulnerabilidad social del individuo debe primar sobre la rigidez del contrato cuando está en juego la supervivencia del núcleo familiar.

No obstante, este boletín considera que el desafío reside en la proporcionalidad. La intervención del Estado en la esfera privada debe ser quirúrgica para no desincentivar la oferta de vivienda, lo que paradójicamente perjudicaría a quienes se pretende proteger. La estabilidad contractual es, asimismo, una garantía de paz social.

En conclusión, la transición hacia un modelo que priorice la función social de la vivienda es un paso coherente con la solidaridad orgánica de nuestra sociedad. Sin embargo, la eficacia de estas normas dependerá de que el refuerzo de la estabilidad habitacional no anule la seguridad jurídica, manteniendo un equilibrio razonable entre el derecho a la propiedad y la necesidad humana fundamental de un hogar.