El TJUE delimita los requisitos para las autorizaciones de seguridad privada transfronteriza
El Tribunal de Justicia de la UE aclara que los Estados miembros pueden exigir una autorización previa para servicios de vigilancia privada, siempre que no sea un trámite redundante o desproporcionado.
El TJUE ha determinado que, aunque la exigencia de una autorización administrativa previa para prestar servicios de vigilancia en otro Estado miembro constituye una restricción a la libre prestación de servicios (artículo 56 TFUE), dicha medida es lícita si se justifica en la protección del orden público.
Para que esta exigencia sea proporcional y no vulnere el Derecho comunitario, el Tribunal establece tres condiciones estrictas: primero, no se pueden imponer requisitos idénticos a los de quien desea abrir una sede permanente en el país; segundo, el Estado de acogida debe reconocer y valorar los controles ya superados en el país de origen; y tercero, las tasas administrativas y garantías financieras deben basarse en costes reales y no ser redundantes.
En el caso concreto, el Tribunal concluye que la normativa que supedita la actividad a una autorización administrativa es compatible con el Tratado, siempre que el juez nacional verifique que en la práctica no se ha obligado a la empresa a repetir controles ya realizados ni a pagar tasas excesivas.
Claves prácticas para el despacho
Permite impugnar sanciones administrativas y tasas abusivas cuando un Estado miembro ignora las cualificaciones ya obtenidas en el país de origen del prestador de servicios.
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