El TJUE delimita el concepto de «autoridad pública» en transparencia medioambiental
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que la creación legal o la financiación pública no convierten automáticamente a una entidad en «autoridad pública» obligada a facilitar información medioambiental.
El TJUE ha resuelto que, para que una persona jurídica de Derecho público sea considerada «autoridad pública» según la Directiva 2003/4/CE, es imprescindible que forme parte orgánicamente de la Administración Pública o del poder ejecutivo del Estado y que ejerza funciones administrativas.
En el caso analizado, el Tribunal determinó que un organismo público de radiotelevisión no encaja en esta definición. A pesar de haber sido creado por ley, recibir fondos públicos y tener su consejo nombrado por el Gobierno, su independencia funcional y el hecho de que sus actividades principales sean periodísticas —y no la adopción de decisiones administrativas— lo excluyen del ámbito de aplicación de la norma.
Esta interpretación establece el concepto de «autoridad pública» como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, lo que impide que los Estados miembros apliquen definiciones nacionales más laxas para obligar a entidades independientes a cumplir con las obligaciones de transparencia activa y pasiva de la Directiva.
Claves prácticas para el despacho
Permite asesorar a entidades públicas independientes sobre su exclusión de las obligaciones de transparencia medioambiental si carecen de vínculo orgánico con el ejecutivo.
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