El TJUE prohíbe denegar el asilo por falta de pruebas documentales

La sentencia aclara la aplicación del artículo 4.5 de la Directiva 2011/95, determinando que la administración no puede imponer un estándar de prueba excesivamente riguroso. El Tribunal subraya que, dado que los refugiados a menudo no pueden obtener documentos oficiales, el Estado tiene el deber activo de cooperar con el solicitante para reunir elementos de prueba. Por tanto, no cabe la denegación automática de la protección si el interesado no aporta pruebas 'auténticas' u 'objetivamente verificables'.

Asimismo, el TJUE redefine el papel del juez nacional en los recursos contra la denegación de asilo. Según el artículo 46.3 de la Directiva 2013/32 y la Carta de Derechos Fundamentales, el juzgador debe realizar un examen completo y actualizado (ex nunc) de los hechos y el derecho. Esta revisión no puede limitarse a los motivos alegados por el recurrente, sino que debe abarcar todo el expediente y cualquier elemento nuevo.

Finalmente, se establece que el juez tiene la obligación legal de verificar de oficio que el retorno del solicitante no vulnere el principio de 'non-refoulement' o no devolución. Al ser la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos un valor absoluto, la tutela judicial efectiva exige que el tribunal actúe incluso si el abogado del recurrente no ha invocado expresamente dicho riesgo en su recurso.