El TJUE valida que la prescripción de créditos no se declare de oficio
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que el cobro judicial de una deuda prescrita no es una práctica engañosa y que el juez no está obligado a analizar la prescripción si el consumidor no la alega.
La sentencia analiza si el deber de actuar con buena fe y evitar información engañosa, impuesto a los compradores de créditos por la Directiva (UE) 2021/2167, obligaría a los jueces nacionales a examinar la prescripción de una deuda de oficio, incluso cuando la ley interna exige que sea el demandado quien la invoque.
El TJUE ha aclarado que dicha Directiva regula la conducta del comprador en su relación con el prestatario, pero no el régimen de prescripción ni los procedimientos judiciales. Asimismo, ha precisado que interponer una acción de cobro sobre un crédito prescrito no constituye, por sí solo, una práctica comercial engañosa o agresiva bajo la Directiva 2005/29/CE, ya que la prescripción es una defensa procesal y no extingue el derecho sustantivo.
En consecuencia, el Tribunal ratifica la autonomía procesal de los Estados miembros. Esto significa que, si el Derecho nacional (como ocurre en España) establece que la prescripción debe ser alegada por la parte interesada, el juez no tiene la obligación, según el Derecho de la UE, de declararla de oficio para proteger al consumidor.
Claves prácticas para el despacho
Confirma que los despachos que representen a consumidores deben alegar expresamente la prescripción, ya que no pueden confiar en que el juzgado la detecte y aplique de oficio.
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