viernes, 23 de octubre de 2026: Nuevo procedimiento para la destrucción de protocolos especiales de protestos mercantiles

Esta Instrucción regula el procedimiento para la destrucción completa, organizada por anualidades, de los tomos de protocolos especiales de protestos de letras de cambio y otros documentos mercantiles. La medida se fundamenta en el artículo 37 de la Ley del Notariado (según la redacción de la Ley 11/2023), que faculta a la Dirección General para autorizar dicha eliminación y determinar qué actas deben conservarse como muestra representativa de la actividad.

El objetivo es unificar el criterio de actuación para todos los custodios implicados, ya sean notarios, Archivos de Distrito o Archivos Generales de los Colegios Notariales. Con este marco homogéneo, se busca garantizar la trazabilidad del proceso, la confidencialidad de la información y el cumplimiento de la normativa de protección de datos durante la fase de preservación y destrucción documental.

Este Real Decreto regula los derechos y deberes del estudiantado universitario, adaptando el marco normativo a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. La norma busca garantizar una formación de calidad independientemente de la naturaleza jurídica del centro (público o privado), la modalidad de impartición o la localización geográfica.

Entre las novedades más destacadas, se incorporan derechos específicos para recibir asesoramiento en orientación socioprofesional, así como el acceso a atención y apoyo psicológico y de salud mental. Asimismo, se establece que el diseño de la formación universitaria deberá favorecer la compatibilidad entre la actividad académica y la laboral, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

El texto reafirma el carácter inclusivo de la enseñanza, especialmente para alumnos con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, e introduce por primera vez la regulación del estudiantado egresado vinculado a través de asociaciones de alumni.

El Reglamento (UE) 2026/2327 establece la continuidad de los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de mandarinas, clementinas y otros híbridos similares preparados o conservados originarios de la República Popular China. Esta decisión se produce tras una reconsideración por expiración basada en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036, al determinarse que la eliminación de estas medidas provocaría la continuación del dumping y el perjuicio para los productores de la Unión.

La Comisión justifica esta medida tras constatar que China posee una capacidad excedentaria significativa y que el mercado europeo sigue siendo altamente atractivo para sus exportadores. El análisis técnico reveló que, sin estos derechos, los precios de importación estarían subcotizados frente a los de la industria europea, lo que agravaría la situación financiera de los productores comunitarios, cuya rentabilidad ya ha sufrido caídas drásticas en los últimos periodos.

Para evitar la elusión de estas medidas, el Reglamento impone requisitos estrictos de control aduanero. Las empresas que pretendan beneficiarse de tipos de derechos individuales deberán presentar una factura comercial válida que cumpla los requisitos del artículo 1, apartado 3, de la norma; en caso contrario, se aplicará el derecho general correspondiente a todas las importaciones originarias de China.

Esta norma modifica los datos de identificación de diversas entradas del anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002. En concreto, actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la inmovilización de fondos y recursos económicos.

La actualización responde a la decisión adoptada el 15 de octubre de 2026 por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basada en las resoluciones 1267(1999), 1989(2011) y 2253(2015).

El TJUE ha determinado que el tiempo dedicado a desplazarse hacia y desde un lugar de trabajo establecido por el empresario, siempre que sea distinto al centro fijo o habitual del empleado y se realice siguiendo sus instrucciones, constituye «tiempo de trabajo» según la Directiva 2003/88/CE.

La sentencia aclara que este criterio se aplica incluso si el traslado ocurre fuera del horario laboral habitual y aunque el trabajador tenga un centro de trabajo fijo. Para el Tribunal, el hecho de que el empleador fije el destino y las modalidades del transporte implica que el trabajador está a su disposición y en ejercicio de sus funciones, independientemente de la intensidad de la actividad o el rendimiento durante el trayecto.

Jurídicamente, el Tribunal rechaza la existencia de categorías intermedias entre el tiempo de trabajo y el periodo de descanso. Por tanto, si se cumplen los requisitos de disponibilidad y obediencia a las instrucciones del empresario, el tiempo de traslado no puede considerarse descanso, sino jornada efectiva.

La sentencia analiza el incumplimiento de la Directiva 2013/48/UE, rechazando la posibilidad de que los Estados establezcan plazos generales de espera (como un límite de dos horas) para proceder al interrogatorio de un sospechoso sin la presencia de su letrado. El Tribunal aclara que la "presencia" debe entenderse como ubicación física o material, distinguiéndola del mero derecho de comunicación remota.

Asimismo, el Tribunal establece que las excepciones previstas en el artículo 3.6 de la citada Directiva —basadas en motivos imperiosos como el peligro para la vida o el riesgo grave para la investigación— son taxativas. Por tanto, no pueden sustituirse por reglas generales destinadas a evitar dilaciones procesales, ya que ello vaciaría de contenido el derecho a una defensa efectiva.

Finalmente, el fallo precisa que cualquier decisión de un sospechoso de no ejercer su derecho al abogado equivale jurídicamente a una renuncia. Esto obliga a los Estados a implementar garantías formales, asegurando que el interesado reciba información clara sobre las consecuencias de dicha decisión y que esta sea revocable.

El Tribunal ha determinado que, aunque las normas generales de urbanismo suelen quedar excluidas de la Directiva 2006/123/CE, sí entran en su ámbito de aplicación cuando forman parte esencial de un régimen de autorización previa para acceder a una actividad de servicios. Esto implica que cualquier requisito urbanístico obligatorio para operar un alojamiento turístico es, en realidad, una restricción a la libertad de establecimiento.

En cuanto a la justificación de estas medidas, el TJUE reconoce que la protección del entorno urbano y de la vivienda constituye una Razón Imperiosa de Interés General (RIIG). No obstante, impone un límite crítico de proporcionalidad: no es justificable aplicar estas restricciones al alquiler ocasional de la residencia principal del operador, ya que esto no impacta significativamente en el mercado del alquiler de larga duración.

Finalmente, el Tribunal subraya que cualquier acto administrativo previo, como las atestaciones de conformidad urbanística, no puede ser un trámite discrecional. Debe cumplir estrictamente con las garantías procesales del artículo 13 de la Directiva, lo que incluye la existencia de plazos razonables públicos, la obligación de motivar cualquier denegación y el derecho efectivo a recurso judicial.

El TJUE ha resuelto un conflicto sobre la legalidad de que las entidades de gestión colectiva (EGC) utilicen los ingresos provenientes de los derechos para financiar servicios sociales, culturales o educativos. El Tribunal distingue estrictamente entre dos vías de financiación: las deducciones directas sobre los ingresos y el uso de sumas no distribuibles.

En primer lugar, el Tribunal determina que las deducciones efectuadas sobre los ingresos (según el artículo 12 de la Directiva 2014/26/UE) deben beneficiar exclusivamente a los titulares de derechos. Dado que estos fondos tienen una naturaleza compensatoria por perjuicios sufridos por los autores, destinarlos a personas que no ostenten tales derechos privaría a los titulares de su remuneración, resultando incompatible con el Derecho de la Unión.

Por el contrario, el Tribunal valida el uso de las "sumas no distribuibles" (aquellas que no pudieron asignarse tras tres años y agotados los esfuerzos de localización, conforme al artículo 13.4 de la citada Directiva) para beneficiar a personas que no sean titulares de derechos, siempre que la Asamblea General de la EGC lo apruebe y la normativa nacional no lo prohíba.

Finalmente, se aclara que para acceder a los servicios financiados mediante deducciones basta con ser "titular de derechos" según el artículo 3(c) de la Directiva. No es requisito indispensable tener un derecho a remuneración actual ni haber firmado un contrato de gestión directo con la entidad, siempre que la actividad de la EGC cubra dichos derechos.

El Tribunal ha determinado que la noción de comercialización, y específicamente el 'mantenimiento a disposición o en stock' previsto en el artículo 2.3 de la Directiva 98/56/CE, se refiere a productos terminados post-cosecha. Por tanto, la fase de cultivo y plantación es una etapa previa que no entra en esta definición armonizada, lo que impide que los Estados miembros amplíen dicho concepto en sus legislaciones nacionales para sancionar la plantación de materiales no conformes basándose en la normativa europea.

No obstante, el TJUE matiza que los Estados conservan la competencia para regular las exigencias fitosanitarias de los materiales que no han sido comercializados. Esto significa que, si bien no pueden usar la Directiva para sancionar la plantación, sí pueden imponer sanciones si existen normas estrictamente nacionales que regulen la fase de cultivo.

Por otro lado, el Tribunal establece que la excepción para la 'conservación de la diversidad genética' (art. 3.2.c) es de aplicación directa y no requiere de normas detalladas adicionales. Esta protección se extiende a variedades particulares, siempre que exista un riesgo real de extinción, evitando así que la excepción se utilice como una vía general para eludir los requisitos de conformidad.

El Tribunal de Justicia de la UE ha resuelto que la creación de un monopolio legal en favor de organismos públicos portuarios para la prestación del practicaje obligatorio no vulnera el artículo 107 TFUE. La clave reside en que esta actividad no se califica como una "actividad económica" (prestación de servicios en un mercado), sino como el ejercicio de prerrogativas de poder público.

Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal analiza que el practicaje es indisociable de las funciones de control, seguridad del tráfico marítimo y protección del medio marino. El hecho de que el servicio esté tarificado no lo convierte automáticamente en una actividad comercial, siempre que dicha remuneración sea aprobada por las autoridades públicas competentes.

Asimismo, el TJUE aclara que el Reglamento (UE) 2017/352, aunque exima al practicaje de ciertas normas de organización portuaria, no define la naturaleza jurídica de la actividad, sino que reconoce su especificidad técnica y de seguridad.

La sentencia analiza el Reglamento (UE) 2022/1854, diseñado para combatir la inflación y los precios energéticos. El conflicto surgió cuando Bulgaria aplicó un tope de ingresos inferior a los 180 EUR/MWh establecidos en el artículo 6.1 de dicha norma, basándose en la situación contractual de la productora eléctrica EVN Bulgaria Renewables EOOD.

El Tribunal razona que el artículo 8.1.a) del Reglamento faculta expresamente a los Estados para introducir medidas que «limiten aún más» los ingresos. Por tanto, el límite de 180 EUR/MWh no es un mínimo obligatorio, sino un techo general que permite a las administraciones nacionales fijar importes inferiores para proteger a los consumidores finales frente a beneficios extraordinarios.

No obstante, esta potestad no es absoluta. Cualquier medida nacional que fije un tope más restrictivo debe cumplir obligatoriamente los requisitos del artículo 8.2 del Reglamento, lo que implica que la medida debe ser proporcionada, no discriminatoria y garantizar la cobertura de costes y las señales de inversión.

La sentencia resuelve un conflicto sobre la naturaleza jurídica del polvo de alga *Lithothamnium calcareum* utilizado para aportar calcio en bebidas vegetales ecológicas. El Tribunal ha determinado que, al derivar de un organismo vivo y contener componentes orgánicos, este producto no puede calificarse como "mineral" (sustancia de carácter no orgánico), evitando así las estrictas prohibiciones del Anexo II del Reglamento (UE) 2018/848.

En su lugar, el Tribunal lo clasifica como un "ingrediente agrario ecológico" según el artículo 7.a) de la citada norma. Al poseer certificación ecológica y ser un producto derivado de la recolección de algas, su uso para el enriquecimiento nutricional es lícito. El TJUE subraya que, dado que su finalidad es puramente nutritiva y no tecnológica, no debe considerarse un aditivo alimentario ni un coadyuvante tecnológico bajo el Reglamento 1333/2008.

Esta distinción es fundamental, ya que mientras los minerales sintéticos requieren una exigencia legal directa para ser utilizados en alimentos ecológicos, los ingredientes agrarios certificados gozan de un régimen mucho más flexible que no induce a error al consumidor sobre la naturaleza del producto.

El Tribunal ha resuelto que el Reglamento (UE) 2022/1854, que impuso un tope a los ingresos de los productores de energía durante la crisis energética, no impide que los Estados miembros mantengan contribuciones obligatorias adicionales sobre los ingresos eléctricos, siempre que tengan un objetivo distinto, como financiar la estabilidad y seguridad de la red nacional.

En el caso analizado, el TJUE establece que estas cargas nacionales no forman parte del régimen de plafonamiento europeo. Por ello, los Estados pueden calcular dichas contribuciones sobre la totalidad de los ingresos brutos por ventas, sin que sea obligatorio deducir las cantidades que la empresa ya haya versado al Estado por superar el tope de ingresos europeo.

Asimismo, el Tribunal aclara que, al no tratarse de una medida que implemente Derecho de la Unión, no resulta aplicable la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, rechazando así las alegaciones basadas en el derecho de propiedad.

La sentencia resuelve un conflicto sobre la contribución impuesta por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) para reducir el precio mayorista de la electricidad. Un grupo de empresas minoristas con contratos PPA financieros alegaban discriminación al quedar excluidas de la exención de dicha contribución, argumentando que cambios legislativos posteriores (como el RDL 3/2023) probaban que la Comisión Europea debió incluirlas desde el inicio.

El Tribunal ha ratificado que la legalidad de un acto administrativo de la Comisión debe juzgarse exclusivamente según los hechos y el derecho vigentes en el momento de su adopción. Por tanto, la adopción posterior de normativas que corrijan o amplíen una medida no invalida la decisión original ni prueba un error de apreciación previo.

Asimismo, la sentencia establece un límite procesal riguroso al acceso al expediente administrativo. El TJUE rechaza las solicitudes genéricas de documentación (denominadas "fishing expeditions"), determinando que el recurrente debe identificar el documento específico y acreditar su utilidad mínima para que el Tribunal ordene su producción, garantizando así que el derecho a un proceso equitativo no se utilice para solicitudes indiscriminadas.

El Tribunal ha analizado si la normativa griega, que obligaba a la jubilación a los 65 años a diplomáticos con 35 años de servicio (frente a los 67 años de otros funcionarios), vulneraba la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo. Aunque el Tribunal reconoce que el cese automático por edad constituye una discriminación directa, concluye que esta puede estar justificada objetivamente.

Para que esta diferencia de trato sea legal, deben concurrir tres requisitos: la persecución de un objetivo legítimo de política de empleo (como el relevo generacional y el rejuvenecimiento del servicio), que la medida sea apropiada para lograrlo y que resulte necesaria y proporcional. En este sentido, el TJUE considera que fijar un límite de edad es un medio idóneo para liberar plazas en sectores con puestos limitados y altamente cualificados.

Asimismo, la sentencia subraya que la proporcionalidad de la medida se ve reforzada cuando el cese se combina con la garantía de una pensión razonable, lo que mitiga la vulnerabilidad económica del trabajador afectado y permite al Estado un amplio margen de apreciación en la gestión de sus recursos humanos.

La sentencia resuelve un conflicto entre la República Helénica y la Comisión Europea sobre la imposición de una corrección financiera del 10% debido a deficiencias graves en los controles de seguridad alimentaria, identificación de ganado y bienestar animal bajo los fondos FEAGA y Feader. El Tribunal valida que, cuando un control clave es considerado "totalmente ineficaz", se presume un riesgo elevado de perjuicio financiero para el presupuesto de la Unión.

En consecuencia, el Tribunal establece que no es necesario que la Comisión demuestre exactamente qué sanciones administrativas se omitieron en cada caso concreto para aplicar la sanción forfaitaria. Esta metodología, basada en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y el Reglamento Delegado 907/2014, permite suplir la imposibilidad de cuantificar el daño exacto mediante esfuerzos proporcionados.

Asimismo, el TJUE aclara dos puntos procesales clave: primero, que los documentos de información interna de la Comisión no son vinculantes si contienen cláusulas de no responsabilidad; y segundo, que la Comisión actúa como un colegio único, por lo que la organización interna de sus Direcciones Generales no afecta a la validez de los actos de ejecución.

El Tribunal ha resuelto que los Estados miembros poseen facultad de apreciación para definir los criterios de admisibilidad de las ayudas asociadas, incluyendo la fijación de plazos procesales en su normativa nacional. En este sentido, se considera válido establecer el 31 de diciembre como fecha de referencia para la notificación de eventos reproductivos, siempre que dicha norma sea previsible para el agricultor, aunque no esté contemplada en las normas generales de cría.

Un punto clave de la sentencia es la distinción técnica sobre el régimen sancionador. El Tribunal aclara que el art. 13.1 del Reglamento 640/2014, que prevé reducciones graduales por presentación tardía, solo es aplicable a la solicitud de ayuda y sus documentos. Por el contrario, la notificación de eventos reproductivos es un requisito de admisibilidad del animal; su incumplimiento hace que el animal sea considerado "no determinado", activando el régimen de sanciones del art. 31, que puede derivar en la denegación total de la ayuda.

Finalmente, el Tribunal descarta que la imposibilidad biológica de que el parto ocurriera en el año de la notificación anule la obligación procesal. La norma busca registrar el esfuerzo de mantenimiento del rebaño, por lo que el retraso en la comunicación del evento reproductivo supone un incumplimiento efectivo, sin importar si el parto se produjo posteriormente.

La sentencia analiza si es válido que una normativa nacional exima de realizar una «evaluación adecuada» a proyectos que, por su reducido tamaño o caudal, solo requieran una comunicación previa en lugar de una autorización formal. El Tribunal concluye que el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) impide estas exenciones sistemáticas si no existe certeza científica de que el proyecto sea inocuo.

El Tribunal razona que dimensiones reducidas no implican necesariamente un impacto irrelevante, especialmente en ecosistemas sensibles. Además, subraya que los regímenes de simplificación administrativa suelen ignorar los efectos acumulativos —la suma del impacto del proyecto con otras actividades previas en la zona—, lo cual vulnera el principio de cautela exigido por el Derecho europeo.

En consecuencia, el TJUE establece que la autoridad no puede sustituir la fase de evaluación previa por la imposición de condiciones administrativas posteriores o por la existencia de un régimen sancionador. La evaluación debe basarse siempre en datos objetivos y conocimientos científicos actualizados antes de conceder cualquier permiso.