miércoles, 23 de septiembre de 2026: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2026/2099 DE LA COMISIÓN de 21 de septiembre de 2026 relativo a un mecanismo interoperable y transfronterizo de identificación y autenticación para las…

Esta decisión modifica la Decisión C(2021) 7991 para prorrogar por cinco años la aplicabilidad del grupo de expertos sobre el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria. Asimismo, se extiende el mandato de sus actuales miembros y observadores por el mismo periodo, salvo que la aprobación de la propuesta de Reglamento COM(2025) 553 final determine la creación de un nuevo grupo anteriormente.

La norma introduce una flexibilización en la designación de los puntos de contacto. Mientras que el artículo 5 de la norma original exigía una única autoridad competente por Estado miembro o país tercero, la nueva redacción aclarará que los Estados podrán designar una o varias autoridades competentes según su organización nacional.

El objetivo es reforzar la resiliencia de la Unión frente a riesgos crecientes y asegurar que los suministros agroalimentarios, pesqueros y acuícolas lleguen al consumidor a precios razonables, conforme al mandato establecido en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Esta Decisión modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2024/2207 para adaptar la delimitación de las zonas de protección, vigilancia y las zonas restringidas adicionales en territorio griego. La medida responde a la notificación de 41 nuevos brotes detectados entre el 31 de julio y el 8 de septiembre de 2026 en diversas unidades regionales, incluyendo áreas donde la enfermedad no se había registrado previamente, como Argólida y Arta.

El objetivo es evitar la propagación de estas enfermedades víricas infecciosas, que afectan gravemente a la rentabilidad ganadera y perturban el desplazamiento de animales y productos dentro de la Unión y hacia terceros países. Para ello, se ajustan las áreas restringidas y la duración de las medidas aplicables basándose en los criterios del Reglamento (UE) 2016/429 y el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, que regulan el control de enfermedades de categoría A.

La determinación de estas zonas y la temporalidad de las restricciones se han fijado considerando la situación epidemiológica general de Grecia, el riesgo de propagación a otros Estados miembros y las normas internacionales del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA.

Esta decisión actualiza el régimen de sanciones establecido originalmente en la Decisión 2014/145/PESC. Concretamente, se ha procedido a la actualización de los datos de 104 personas y 71 entidades incluidas en el anexo de designaciones individuales, además de suprimir la inscripción de tres personas fallecidas y otras cuatro entradas.

La medida responde a la necesidad de mantener la presión frente a las acciones de la Federación de Rusia que vulneran el Derecho internacional, destacando especialmente la prohibición del uso de la fuerza recogida en el artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia, el Consejo ha acordado prorrogar la vigencia de estas medidas restrictivas por un periodo adicional de treinta y seis meses.

Se suspende la entrada en la Unión Europea de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de caza procedentes de las áreas afectadas por nuevos brotes de gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en Estados Unidos.

Esta medida responde a la notificación de seis brotes confirmados entre el 4 y el 10 de septiembre de 2026 en los estados de Dakota del Sur, Dakota del Norte y Minnesota. La decisión modifica los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404, basándose en el artículo 230 del Reglamento (UE) 2016/429, que condiciona la entrada de animales y productos de origen animal a que el país de origen figure en las listas autorizadas.

Aunque la autoridad veterinaria estadounidense ha implementado zonas restringidas de al menos 10 km y políticas de sacrificio sanitario, la Comisión ha determinado que es necesario suspender las importaciones desde dichas áreas para proteger la situación zoosanitaria de la Unión.

Esta norma actualiza la información detallada de 104 personas y 71 entidades que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014. Asimismo, procede a la eliminación de siete entradas de dicho registro, concretamente las correspondientes a tres personas fallecidas y otras cuatro entradas adicionales.

La medida se fundamenta en el artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) n.º 269/2014, que permite al Consejo revisar y modificar las listas de sanciones para asegurar que las medidas restrictivas se apliquen de manera precisa y actualizada frente a las acciones que amenazan la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

La resolución clarifica los requisitos para aplicar la calificación de infracción por utilización de medios fraudulentos cuando se supera el porcentaje de error previsto en el artículo 184.3.a) 3º de la Ley General Tributaria (LGT), referido a la llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o registros tributarios.

Para que proceda dicha sanción, ya no bastará con que la Administración demuestre que existen asientos falsos, omisiones de operaciones o imputaciones en cuentas incorrectas que alteren la base fiscal. Ahora, el órgano administrativo deberá motivar y justificar específicamente la existencia de un ánimo fraudulento por parte del contribuyente.

Esta unificación de criterio eleva el estándar de prueba exigible a la Administración, evitando que la mera superación de un límite cuantitativo de errores contables derive automáticamente en una calificación de fraude.

La resolución aclara que, para beneficiarse de la exención del IEDMT basada en la afectación del vehículo a la actividad de alquiler, es imperativo acreditar que dicha actividad sea la única destinada al vehículo.

En este sentido, el Tribunal determina que el uso del automóvil para fines promocionales —tales como la realización de reportajes, ruedas de prensa, sesiones fotográficas o demostraciones de conducción—, así como su cesión de uso a personas vinculadas, rompe la condición de exclusividad exigida por la norma.

Con esta decisión, el órgano reiterará la doctrina ya fijada en su resolución del 31 de enero de 2012, consolidando un criterio restrictivo sobre qué actividades se consideran compatibles con la exención tributaria.

La resolución analiza la interpretación del artículo 31.5 del Reglamento de IVA (Real Decreto 1624/1992), centrándose en la determinación del importe del impuesto que debe figurar en la solicitud de devolución.

El criterio fijado establece que el importe del impuesto incluido en la solicitud debe referirse a la totalidad de las facturas de las operaciones por las que se pretende la devolución, y no debe desglosarse ni calcularse por cada factura individualmente.

Con esta decisión, el TEAC reitera la doctrina ya establecida en su resolución del 19 de junio de 2025, aportando seguridad jurídica sobre el cumplimiento formal de estos procedimientos.

El TEAC ha establecido que es viable aplicar la exención del artículo 66.1 d) de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales incluso si el certificado de minusvalía se aporta después de haber matriculado el vehículo y autoliquidado el impuesto. El requisito fundamental es que, aunque el documento sea posterior a la matriculación, acredite una discapacidad con efectos retroactivos a una fecha anterior a dicha operación.

Para hacer efectiva esta exención, el obligado tributario podrá solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos. Esta resolución supone un cambio de criterio respecto a la doctrina mantenida por el propio tribunal desde enero de 2001.

Cabe destacar que este criterio entra en conflicto directo con la postura de la Dirección General de Tributos (DGT), que en su consulta V1679-2025 mantenía una interpretación más restrictiva.

El Tribunal Económico-Administivo Central ha fijado que las directrices operativas de la Comisión Europea permiten a los Estados miembros aplicar un criterio flexible en la gestión de las fronteras exteriores. Esta facultad afecta específicamente a las franquicias arancelarias y exenciones de IVA reguladas en el Reglamento (CE) nº 1186/2009 y en la Directiva 2009/132/CE.

Sin embargo, esta discrecionalidad no es absoluta ni arbitraria. El TEAC establece que el ejercicio de dicha potestad está sujeto al control de los tribunales económico-administrativos, quienes podrán revisar la legalidad de los actos dictados.

En concreto, la revisión judicial se centrará en aspectos controlables como la motivación de la decisión, el procedimiento seguido, los hechos que justifican la aplicación de la franquicia o exención y la proporcionalidad de la medida adoptada.