jueves, 17 de septiembre de 2026: Nueva norma armonizada para el rendimiento de baterías de vehículos eléctricos

Esta Decisión de Ejecución regula la norma armonizada EN 18060:2025, centrada en el rendimiento y la durabilidad de los módulos y baterías de vehículos eléctricos de iones alcalinos, Pb, NiMH y químicas combinadas con almacenamiento interno.

La adopción de esta norma permite que las pilas o baterías que cumplan con los estándares de la EN 18060:2025 gocen de una presunción de conformidad con los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2023/1542. Concretamente, se aplica a los requisitos establecidos en los artículos 9, 10, 12, 13, 14 y 78 de dicho Reglamento, simplificando así la acreditación de cumplimiento normativo para los fabricantes.

Esta norma modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/964 para introducir ajustes en la autorización concedida a la entidad SOPURA N.V. En el plano técnico, se elimina la clasificación de los productos en el meta-RCP 4 como líquido inflamable 3, conforme a lo previsto en el artículo 50.3 del Reglamento (UE) n.º 528/2012 sobre la comercialización y uso de biocidas.

Asimismo, se formalizan diversas actualizaciones administrativas que afectan a la identificación de los actores implicados. Estas incluyen la modificación del nombre y domicilio del titular de la autorización, así como cambios en las direcciones administrativas de un fabricante del biocida, un fabricante de la sustancia activa y una de las plantas de fabricación de dicha sustancia.

El Reglamento ha sido publicado el 16 de septiembre de 2026, pero entrará en vigor el próximo 6 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, el anexo del Reglamento (UE) 2022/964 quedará sustituido íntegramente para reflejar el resumen revisado de las características del producto.

Esta norma regula la protección legal de la indicación geográfica protegida (IGP) «Olio dei Colli di Bologna», integrándola en el registro oficial de la Unión Europea. La decisión se adopta al amparo del artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1143, que establece el marco para la protección de indicaciones geográficas de productos agrícolas.

La inscripción procede tras haberse cumplido el procedimiento previsto en el artículo 15, apartado 4, del citado reglamento, mediante la publicación de la solicitud presentada por Italia. Asimismo, la Comisión ha confirmado que no se ha recibido ninguna declaración de oposición basada en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1143.

El reglamento entrará en vigor el próximo 6 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual quedará plenamente blindado el uso exclusivo de esta denominación en el mercado comunitario.

El Reglamento Delegado (UE) 2026/2093 establece los criterios de admisibilidad y las situaciones de mercado que justifican la concesión de ayudas públicas en el sector del vino. Concretamente, diferencia entre las medidas para combatir excesos de oferta coyunturales a corto y medio plazo —como la destilación de vino y la cosecha en verde— y aquellas destinadas a corregir desequilibrios estructurales a largo plazo, como el arranque permanente de viñedos productivos.

En cuanto a los beneficiarios, la norma distingue según la medida: los pagos por cosecha en verde y arranque de viñedos se reservan a viticultores que produzcan vino, mientras que la destilación se extiende a operadores que produzcan, comercialicen o destilen el producto. En este último caso, los Estados deberán asegurar que el beneficio económico llegue finalmente a los productores. Asimismo, se excluye expresamente de estas ayudas a los viticultores con viñedos plantados sin autorización y a los vinos que no cumplan los requisitos legales de la Unión, incluyendo las normativas de denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Para evitar que la destilación y la cosecha en verde se utilicen como soluciones recurrentes ante problemas estructurales, el reglamento condiciona estas autorizaciones a la implementación paralela del arranque voluntario de viñedos y al cumplimiento de las condiciones de reestructuración y reconversión previstas en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2021/2115, evitando así que las intervenciones incrementen el rendimiento en regiones ya afectadas por desequilibrios.

La sentencia aclara que, para incluir a una persona en las listas de sanciones, basta con acreditar que es un "empresario" con una actividad cualitativa o cuantitativamente no negligible en un sector que provea ingresos sustanciales al Gobierno ruso. No es necesario que el Consejo demuestre que la sanción individual impacte directamente en la presión sobre el Estado extranjero, sino que el vínculo sectorial sea objetivo.

En cuanto a la estructura societaria, el Tribunal determina que la calificación de empresario o la capacidad de ejercer una influencia dominante puede derivar de participaciones minoritarias (como el 25% o 31%), siempre que sean significativas en el contexto de la empresa y el sector. Esto implica que no es requisito indispensable poseer el 51% del capital para ser sujeto de estas medidas.

Finalmente, el Tribunal eleva el estándar probatorio para quienes aleguen haber dejado de cumplir los criterios de inclusión. Para que una desinversión de activos sea válida y justifique la salida de la lista de sanciones, el interesado debe aportar pruebas sólidas y completas, como contratos de transferencia y comprobantes de pago, ya que los meros extractos registrales o certificados son insuficientes.

El Tribunal ha determinado que la participación de un artista en eventos organizados por el Estado, especialmente cuando se emplea simbología bélica (como la letra 'Z') y se actúa en fechas conmemorativas de anexiones ilegales, no constituye una actividad artística neutral, sino un apoyo directo a la propaganda estatal. En consecuencia, tales actos justifican la imposición de medidas restrictivas, como la congelación de fondos y la prohibición de entrada en la UE, primando el interés general de la paz y seguridad internacional sobre la libertad de expresión y las artes.

Sin embargo, la sentencia introduce un matiz crucial sobre la carga de la prueba en la renovación de estas sanciones. El Tribunal establece que, para mantener a una persona en una lista basada en una conducta calificada como "regular", el Consejo no puede limitarse a remitirse a pruebas antiguas. Es imperativo aportar evidencia de que dicha regularidad persistió o que existe una continuidad fáctica hasta la fecha de la nueva decisión de mantenimiento.

En el caso concreto, el Tribunal ha anulado las sanciones impuestas en 2025 debido a que la prueba más reciente databa de marzo de 2024, resultando insuficiente para acreditar que la conducta de la demandante se hubiera mantenido en el tiempo para justificar la prórroga de las medidas.

El Tribunal ha resuelto que el consentimiento en el uso de una marca durante cinco años, previsto en el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001, es una figura procesal exclusiva de los procedimientos de nulidad de marcas ya registradas. En consecuencia, no puede invocarse como defensa en la fase de oposición contra una solicitud de registro para impugnar la legitimación del opositor.

Asimismo, el fallo subraya que el análisis del riesgo de confusión es prospectivo. Esto implica que el Tribunal se basa estrictamente en la descripción de los productos contenida en la solicitud de registro, resultando irrelevante el uso real, la calidad o el segmento de precio (por ejemplo, lujo frente a mercado masivo) de los productos que las partes comercialicen efectivamente.

Finalmente, en cuanto a la valoración de los signos, se ratifica que un apellido raro constituye el elemento dominante y distintivo de una marca. La adición de elementos gráficos, como un logo estilizado, es insuficiente para neutralizar la similitud fonética y visual cuando el apellido coincide, especialmente si el elemento gráfico no es percibido espontáneamente por el consumidor medio.

El conflicto surgió por la oposición de la marca 'CROMA' al registro de 'KROMAT' para instalaciones sanitarias. Aunque los productos son idénticos, el Tribunal ha determinado que no existe riesgo de confusión debido a que ambos signos poseen una distintividad débil, al ser evocativos del concepto 'cromo' (carácter descriptivo del material), y que el público profesional mantiene un nivel de atención muy elevado.

En cuanto a la prueba de uso genuino según el Art. 47(2) del Reglamento 2017/1001, el Tribunal ratifica que no se requiere un éxito comercial masivo ni una cantidad fija de ventas. Es suficiente la presentación de facturas representativas complementadas con el volumen de negocio global y catálogos. Además, aclara que las ventas realizadas a distribuidores independientes constituyen un uso público y exterior válido.

Finalmente, el Tribunal ha anulado la decisión de la Cámara de Recursos de la EUIPO, aunque ha rechazado ordenar el registro automático de la marca. Esta limitación se basa en el Art. 72(3) del Reglamento 2017/1001, ya que el tribunal no puede sustituir el razonamiento de la EUIPO respecto a segmentos de público no analizados previamente.

La sentencia resuelve el conflicto sobre la marca 'FITNESS' registrada por Nestlé para productos lácteos, cereales y bebidas. El Tribunal ha determinado que el signo es descriptivo según el artículo 7(1)(c) del Reglamento 40/94, ya que el consumidor asocia el término inmediatamente con alimentos bajos en calorías o ricos en nutrientes que promueven la salud física, eliminando así el monopolio sobre dicha palabra en estas categorías.

En el plano procesal, el fallo es relevante por su interpretación del artículo 76(2) del Reglamento 207/2009 sobre la admisibilidad de pruebas extemporáneas. El Tribunal ratifica que la EUIPO tiene amplia discrecionalidad para admitir pruebas fuera de plazo si son 'suplementarias', es decir, si refuerzan un argumento ya planteado sin necesidad de que haya una identidad fáctica estricta con la prueba original.

Asimismo, se establece que cuando una instancia administrativa previa rechaza una nulidad por insuficiencia probatoria, este hecho constituye un 'factor nuevo'. Esto faculta al recurrente a presentar pruebas adicionales en fase de apelación para rebatir específicamente los motivos del rechazo inicial.

El Tribunal ha resuelto que, para declarar la nulidad de una marca basada en el artículo 8(3) del Reglamento 207/2009, no basta con acreditar una cooperación comercial. Es imprescindible probar mediante evidencias objetivas y sólidas la existencia de una relación de agencia o representación que genere un deber fiduciario de confianza y lealtad. En este caso, los acuerdos de distribución analizados obligaban al distribuidor —y no al fabricante— a cumplir cuotas de ventas y deberes de no competencia, descartando que el fabricante actuara como agente del distribuidor.

Asimismo, la sentencia establece un criterio riguroso sobre la valoración de la prueba. El Tribunal ha determinado que los informes jurídicos emitidos por bufetes extranjeros y pagados por la propia parte interesada no constituyen prueba independiente. Al carecer de soporte documental detallado sobre el derecho extranjero y omitir el análisis de la relación contractual, estos informes resultan insuficientes para acreditar la titularidad de marcas no registradas en terceros países.

Finalmente, el Tribunal confirma que la obligación de motivar los actos administrativos (Art. 296 TFUE) no exige que la administración responda a cada uno de los argumentos de las partes, sino que exponga los hechos y consideraciones decisivas que sustentan la decisión.

El Tribunal General ha desestimado el recurso de Cobra Golf Inc. contra la denegación de registro de la marca "ULTRADRY" para bolsas de golf. El conflicto se centraba en si el término era meramente descriptivo (prohibido según el art. 7(1)(c) del Reglamento UE 2017/1001) o sugerente. El Tribunal concluye que, dado que el golf se practica a la intemperie, la capacidad de mantener el equipo seco es una característica intrínseca que el consumidor percibe de forma inmediata y sin esfuerzo analítico.

Un punto clave de la sentencia es la determinación del estándar de prueba. El Tribunal ratifica que la EUIPO no necesita demostrar que el término se utilice efectivamente en el comercio para denegar el registro. Basta con que el signo *pueda* servir para designar una cualidad del producto, primando el interés público de que tales términos permanezcan libres para todos los competidores.

Finalmente, el Tribunal aclara que la existencia de otras marcas similares previamente registradas no crea un precedente vinculante ni obliga a la EUIPO a conceder nuevos registros, ya que cada solicitud se juzga estrictamente conforme al Reglamento y la jurisprudencia vigente.

La sentencia analiza la invalidez de una marca de ropa y artículos de cuero (Clases 18 y 25) que incluía el término "REMINGTON", marca ya consolidada en el sector de armas y municiones (Clase 13). El Tribunal ha determinado que, aunque los productos pertenezcan a clases distintas del Acuerdo de Niza, existe una proximidad de mercado real al dirigirse ambos al mismo público objetivo: los cazadores.

Para acreditar la mala fe (según el Art. 59(1)(b) del Reglamento 2017/1001), el Tribunal ha establecido que el conocimiento de una marca anterior puede presumirse si esta ha tenido un uso prolongado y generalizado en el sector, incluso si dicho uso se originó fuera de la Unión Europea. En este caso, la trayectoria bicentenaria de la marca en EE. UU. fue un indicio objetivo suficiente para inferir que el solicitante conocía el signo.

Asimismo, la resolución valida el uso de pruebas posteriores al registro para determinar la intención original. El hecho de que la empresa demandante comercializara posteriormente estuches para rifles y utilizara variantes casi idénticas a la marca anterior confirmó la estrategia deliberada de aprovechar el reconocimiento ajeno, lo que conlleva la anulación total del registro.

El Tribunal ha analizado el caso de la marca 'ultrapure' para suplementos y alimentos, determinando que la unión de un prefijo superlativo ('ultra') y un adjetivo de calidad ('pure') no crea un concepto nuevo, sino que refuerza un mensaje promocional sobre la pureza del producto. Según el fallo, este tipo de combinaciones no permiten al consumidor identificar el origen empresarial, incumpliendo el requisito de carácter distintivo previsto en el artículo 7(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001.

Asimismo, el Tribunal ha aclarado que el uso de elementos gráficos básicos, como tipografías sencillas o combinaciones de colores comunes (en este caso, amarillo y negro), no es suficiente para rescatar la distintividad de un signo verbal que es percibido exclusivamente como un elogio a la calidad del producto.

Finalmente, la sentencia establece que la EUIPO no necesita analizar la descriptividad de la marca (artículo 7(1)(c)) si ya ha fundamentado la denegación en la falta de carácter distintivo. De este modo, se ratifica que basta con que concurra uno solo de los motivos absolutos de denegación para rechazar el registro.