jueves, 10 de septiembre de 2026: La UE prohíbe la importación de carbosulfán y fentión

Esta decisión regula la prohibición de importar en la Unión Europea el carbosulfán y el fentión (específicamente las formulaciones de volumen ultra bajo con una concentración de sustancia activa mínima de 640 g/l). La medida se adopta en el marco del Reglamento (UE) n.º 649/2012, que aplica el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo (PIC) para productos químicos peligrosos.

La denegación del consentimiento se fundamenta en que ninguna de estas sustancias cuenta con aprobación para su comercialización o uso como sustancia activa, ni en el marco de los productos fitosanitarios (Reglamento (CE) n.º 1107/2009) ni en el de los biocidas (Reglamento (UE) n.º 528/2012).

La norma entrará en vigor el próximo 29 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual quedará formalizada la respuesta definitiva de la Unión prohibiendo dichas importaciones.

Esta Decisión regula la creación del Consorcio de Infraestructuras Digitales Europeas para los Productos Agroalimentarios (EDIC para los Productos Agroalimentarios). Su objetivo principal es mejorar el ecosistema digital del sector mediante el desarrollo y la aplicación de acciones de despliegue interoperables y basadas en casos de uso a escala europea, buscando avanzar en la integración digital de la agricultura y la alimentación.

El Consorcio surge a solicitud de varios Estados miembros, entre los que se encuentran Francia (Estado anfitrión), Italia, Países Bajos y Polonia, mientras que España participa en calidad de observador. De acuerdo con el marco establecido en la Decisión (UE) 2022/2481, la Comisión ha verificado que el proyecto cumple con los requisitos técnicos, financieros y administrativos necesarios para fomentar un ecosistema de infraestructuras digitales sostenibles.

Desde el punto de vista jurídico, el organismo es reconocido como un organismo internacional, lo que conlleva implicaciones específicas en materia fiscal y administrativa, conforme a lo previsto en la Directiva 2006/112/CE y la Directiva (UE) 2020/262.

Esta norma regula la autorización de la Unión para el biocida único «ERO MN», compuesto por glutaraldehído y cloruro de (C 12-16 )-alquildimetilbencilamonio. El producto podrá emplearse en la desinfección de superficies duras y no porosas en alojamientos para animales, vehículos de transporte de animales y en ámbitos de alimentos y piensos, siempre mediante pulverización y tras una limpieza previa.

Debido a que el glutaraldehído es una sustancia candidata a la sustitución según el artículo 10.1 del Reglamento (UE) n.º 528/2012, la autoridad evaluadora ha realizado un análisis comparativo. Al haberse detectado alternativas adecuadas para la desinfección de alojamientos animales y ámbitos alimentarios, la autorización se limita a un periodo máximo de cuatro años, siendo solo el uso en vehículos de transporte de animales el que podrá optar a una renovación posterior.

El Reglamento entrará en vigor el próximo 29 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual el producto contará con la autorización oficial de la Unión.

Esta norma regula una exención temporal sobre la prohibición de comercializar enfriadoras fijas (hasta 12 kW) y aparatos autónomos de aire acondicionado utilizados específicamente para secar aire comprimido que contengan gases fluorados con un potencial de calentamiento global (PCG) igual o superior a 150.

La medida responde a que, según el análisis de la Comisión basado en una solicitud de Alemania, las alternativas con un PCG inferior a 150 aún no están suficientemente maduras para cubrir todas las aplicaciones industriales en términos de rendimiento, seguridad y fiabilidad. El legislador considera que obligar a la transición inmediata supondría costes y riesgos operativos desproporcionados para fabricantes y operadores.

Dado que el Reglamento fue publicado el 9 de septiembre de 2026, entrará en vigor el próximo 29 de septiembre de 2026. Esta exención tendrá una duración de cuatro años, otorgando un margen temporal para el desarrollo e implantación de tecnologías alternativas antes de que se apliquen las prohibiciones previstas en el Reglamento (UE) 2024/573.

Esta norma renueva la aprobación de la piraclostrobina con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009, evitando así la expiración de su uso que estaba prevista para el 15 de diciembre de 2026. La decisión se basa en que los productos que contienen esta sustancia cumplen los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del citado Reglamento (CE) n.º 1107/2009.

La renovación conlleva la imposición de condiciones específicas para garantizar la seguridad sanitaria. En concreto, se establecen límites máximos para impurezas toxicológicas, como el sulfato de dimetilo y el tolueno, presentes en el material técnico fabricado. Asimismo, se exige a los Estados miembros que, al autorizar productos con piraclostrobina, evalúen rigurosamente los coformulantes, la protección de organismos acuáticos y el riesgo para los consumidores.

Además, el Reglamento obligará al solicitante a aportar información confirmatoria sobre la exposición de los consumidores al metabolito 500M07 y sobre los efectos de los procesos de tratamiento del agua potable en los residuos de la sustancia o sus metabolitos.

Esta norma regula la inscripción de la indicación geográfica protegida (IGP) «Brânză frământată de Teaca» en el registro comunitario. La decisión se fundamenta en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1143, tras haberse cumplido el proceso de solicitud iniciado por Rumanía y no haberse recibido declaraciones de oposición según lo previsto en el artículo 17 de la citada norma.

Dado que la fecha de vigencia es el 29 de septiembre de 2026, la protección jurídica de esta denominación entrará en vigor en dicha fecha, obligando a partir de entonces a respetar la exclusividad de la IGP en todo el territorio de la Unión Europea.

El Tribunal ha resuelto que los requerimientos de pago y notas de adeudo derivados de acuerdos de subvención no constituyen actos administrativos impugnables mediante el art. 263 TFUE, sino que forman parte de la relación contractual (art. 272 TFUE). Esta distinción es clave, ya que excluye la aplicación del Reglamento 2988/95 y su plazo de prescripción de cuatro años, reservado exclusivamente para sanciones administrativas.

En su lugar, se aplica el Reglamento Financiero, que establece un plazo de prescripción de cinco años. Para evitar que la Comisión difiera este plazo indefinidamente, el Tribunal introduce el criterio del "plazo razonable": la nota de adeudo debe emitirse en un tiempo prudencial desde que la institución recibe el informe final de la OLAF. En el caso analizado, un lapso de 18 meses se ha considerado plenamente válido.

Asimismo, el Tribunal ha zanjado la cuestión lingüística basándose en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Ha determinado que, si una entidad acepta libremente suscribir y gestionar un contrato en inglés, no puede invocar posteriormente sus derechos lingüísticos para exigir comunicaciones en español, siempre que no se demuestre un perjuicio real en la defensa.

La sentencia resuelve un conflicto sobre el signo "WALLAPOP", donde una empresa intentaba bloquear su registro basándose en marcas nacionales españolas que habían expirado por falta de renovación durante el iter procesal. El Tribunal establece que no basta con que la marca anterior fuera válida en la fecha de solicitud del nuevo registro (criterio de anterioridad del art. 8.2 del Reglamento 207/2009), sino que es imperativo que conserve su protección jurídica hasta el momento del pronunciamiento final de la EUIPO.

El Tribunal fundamenta esta decisión en que el objetivo del Reglamento es proteger la función de identificación de origen. Si una marca ha caducado, ya no cumple dicha función y no puede verse perjudicada por el registro de un signo posterior. Por tanto, la pérdida de validez se considera un hecho nuevo que prevalece incluso sobre sentencias previas que hubieran reconocido la similitud entre los signos.

Asimismo, el fallo aclara que las sentencias de anulación obligan a la administración a respetar los motivos del fallo, pero no "congelan" la realidad fáctica. En consecuencia, la EUIPO debe valorar cualquier cambio en las circunstancias, como la caducidad de los derechos, ocurrido entre la sentencia y la resolución final.

El conflicto surge por la solicitud de registro de la marca "fish revolution" para productos de la Clase 29, frente a una marca anterior que ya incluía el término "revolution". El Tribunal ha determinado que existe riesgo de confusión basándose en una evaluación global de la similitud entre los signos y los productos, aplicando el artículo 8(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001.

Un punto clave de la sentencia es la percepción del consumidor medio. El Tribunal sostiene que, mientras que para un angloparlante el término "revolution" podría ser laudatorio o descriptivo (y por tanto débil), para el público de países como Grecia o Hungría es un signo arbitrario y distintivo al no formar parte de su vocabulario básico. Esta diferencia lingüística refuerza la similitud entre las marcas en esos mercados.

Finalmente, el Tribunal ratifica que no es necesario que el riesgo de confusión sea generalizado en toda la Unión; es suficiente que este exista en una sola parte del territorio comunitario para justificar la denegación del registro de la marca de la UE.

El Tribunal ha resuelto que existe una distinción jurídica fundamental entre la función de identificar a una persona jurídica (nombre social) y la función de garantizar el origen comercial de un servicio en el mercado (función de marca). En este sentido, el uso de un signo exclusivamente como denominación social no cumple los requisitos del Artículo 47(2) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre el uso genuino de la marca.

Para que el nombre de una empresa sea válido como marca, el titular debe acreditar que los servicios se ofrecen bajo ese signo y que el consumidor lo percibe como el indicador de su origen. En el caso analizado, el Tribunal desestimó pruebas como estados financieros, contratos o menciones en la web, ya que estos documentos solo identificaban a la entidad legal, mientras que los servicios reales se comercializaban bajo un signo distinto.

En consecuencia, el Tribunal confirma la decisión de la EUIPO y desestima la acción de anulación, subrayando que el éxito económico o la facturación de una empresa son irrelevantes si no se demuestra que dicho éxito se ha obtenido mediante el uso del signo como marca.

La sentencia desestima el recurso de Roman Abramovich contra la prórroga de las sanciones que congelan sus fondos y limitan su circulación. El Tribunal aclara que la calificación de "empresario influyente" puede basarse exclusivamente en la magnitud de la participación accionaria en sectores estratégicos, sin necesidad de que el sujeto ejerza un control operativo cotidiano o tenga una relación personal con el gobierno ruso.

Un punto clave es la autonomía del régimen sancionador europeo. El Tribunal establece que la imposibilidad material de desinvertir en activos debido a leyes de terceros Estados (como el Reino Unido) no anula la proporcionalidad de la sanción de la UE, ya que el Consejo no es responsable de bloqueos administrativos ajenos.

Asimismo, el fallo determina que el derecho de libre circulación (Art. 21 TFUE) no es absoluto. En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), el Consejo puede restringir este derecho a ciudadanos de la Unión basándose en criterios objetivos de categoría, sin requerir que medie un comportamiento personal imputable al individuo.

El Tribunal General ha analizado un caso en el que un titular de actividad económica donó su empresa al 50% a sus dos hijas, quienes posteriormente aportaron dichas participaciones a una sociedad colectiva para continuar la actividad. El contribuyente pretendía aplicar el régimen de no sujeción al IVA previsto para la transmisión de universalidades de bienes (TOGC) del artículo 19 de la Directiva 2006/112/CE, argumentando que el objetivo final era mantener la unidad económica.

Sin embargo, el Tribunal ha rechazado esta tesis basándose en el principio de independencia de las operaciones. Ha establecido que la donación y la posterior aportación a la sociedad son actos jurídicos independientes. Por tanto, el requisito de autonomía debe analizarse individualmente para cada beneficiaria: al recibir cada hija solo un 50%, ninguna de ellas obtenía una unidad capaz de desarrollar la actividad económica de manera independiente.

En consecuencia, la falta de autonomía de las participaciones transmitidas en la primera fase impide que la operación sea calificada como una transmisión de universalidad de bienes. El hecho de que los receptores tengan la intención de unificar los activos posteriormente en una sociedad es irrelevante para la calificación fiscal de la donación inicial.

El Tribunal ha desestimado la acción de anulación interpuesta por CFL Australia Pty Ltd contra la decisión de la EUIPO que impedía el registro de la marca "GOTCHA". El conflicto radicaba en la similitud visual y fonética con la marca anterior "GONG CHA" para productos de cafetería y restauración, según lo previsto en el artículo 8(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001.

La sentencia establece dos criterios fundamentales. Primero, ratifica que no es necesario que el riesgo de confusión sea universal en toda la Unión; es suficiente que se manifieste en un solo Estado miembro (en este caso, centrándose el análisis en el consumidor polaco). Segundo, aclara que el significado de un término en inglés solo neutraliza la similitud fonética o visual si pertenece al vocabulario básico. Al ser "GOTCHA" una contracción informal de baja frecuencia, el consumidor medio no angloparlante la percibe como un signo abstracto, eliminando cualquier efecto neutralizador conceptual.

En cuanto a los aspectos procesales, el Tribunal ha determinado que la admisión de pruebas extemporáneas por la Junta de Recurso no vulneró los derechos de la demandante, ya que dichas pruebas no fueron determinantes para el fallo final, basándose este únicamente en la distintividad inherente de la marca.

El conflicto surge tras la denegación de una oposición al registro de una marca figurativa para servicios de consultoría de software y asesoría agrícola. La EUIPO había rechazado la oposición argumentando que el término común "food" tenía un carácter distintivo débil, lo que reducía el riesgo de confusión con la marca anterior "FoodPLUS".

El Tribunal ha anulado esta decisión basándose en que la EUIPO incurrió en una insuficiencia de motivación (vulnerando el art. 296 TFUE y el art. 94.1 del Reglamento 2017/1001). El órgano administrativo calificó el término como descriptivo o débil de manera abstracta, sin analizar el vínculo concreto entre la palabra "food" y servicios tan diversos como los trabajos de oficina, actividades deportivas o el desarrollo de software.

La sentencia aclara que, para que un elemento sea considerado descriptivo, debe existir un vínculo directo y concreto que permita al consumidor identificar el servicio inmediatamente. No es admisible presumir que un término es débil para todos los servicios de una marca solo porque algunos de ellos puedan estar relacionados con el concepto, especialmente cuando las clases son heterogéneas.

El Tribunal General ha resuelto un conflicto entre las marcas 'MOOVIT' y 'moov(i)a / almaviva group' en el ámbito del software de transporte y navegación (Clases 9 y 42). A pesar de compartir la raíz 'moov', el Tribunal ha desestimado el riesgo de confusión basándose en que 'MOOVIT' no es una marca fantasiosa, sino una variante ortográfica de la expresión inglesa 'move it' (muévelo), lo que le otorga una distintividad inherente baja por ser evocativa del sector de la movilidad.

La sentencia aplica el principio de interdependencia recogido en el artículo 8(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001. El Tribunal razona que, cuando una marca tiene baja distintividad por sugerir la naturaleza del servicio, el margen de protección se reduce. En este caso, la disimilitud conceptual y la baja similitud visual prevalecen, evitando así que una empresa obtenga un cuasi-monopolio sobre el concepto de 'movimiento' en su mercado.

En consecuencia, el Tribunal ha anulado la decisión de la EUIPO y ha rechazado la solicitud de invalidez, manteniendo la vigencia de la marca de Almaviva al considerar que no existe riesgo de que el consumidor final confunda ambos signos.

El Tribunal General ha resuelto un conflicto entre las marcas 'MOOVIT' y 'moov(i)a / almaviva group' para software de navegación y transporte. A pesar de existir una similitud fonética media, el Tribunal ha determinado que no hay riesgo de confusión basándose en que el término 'MOOVIT' es percibido por el público (incluidos hispanohablantes y francófonos) como la expresión inglesa 'move it' (muévelo), lo que le otorga una distintividad inherente baja al ser evocadora del sector de la movilidad.

La sentencia establece que, en el ámbito tecnológico, el uso de inglés básico es común y debe considerarse comprendido por el consumidor. Por ello, al ser la marca anterior descriptiva, el grado de protección es reducido. El Tribunal concluye que la diferencia visual —especialmente la inclusión de 'almaviva group'— y la disimilitud conceptual neutralizan la coincidencia sonora.

En consecuencia, el Tribunal ha anulado la decisión de la EUIPO y ha rechazado la solicitud de invalidez, evitando así que una empresa obtenga un cuasi-monopolio sobre conceptos genéricos relacionados con el movimiento en el mercado de software.

El Tribunal ha resuelto un conflicto entre las marcas 'MOOVIT' y 'moov(i)a'. El punto clave ha sido la valoración de la distintividad de la marca anterior ('MOOVIT'). El Tribunal determina que, al ser un término que evoca el concepto de movimiento en el sector de la movilidad, posee una distintividad inherente baja. Según el Artículo 8(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001, esto implica que solo un grado de similitud muy elevado entre los signos justificaría un riesgo de confusión.

Asimismo, la sentencia introduce un criterio relevante sobre la percepción del consumidor: en sectores de electrónica y computación, se presume que el público europeo posee conocimientos básicos de inglés. Esto permitió al Tribunal analizar 'MOOVIT' no como un término fantástico, sino como la expresión 'move it', lo que diluye su fuerza distintiva y diferencia conceptualmente la marca de la impugnada.

Finalmente, el Tribunal ha corregido la valoración de la EUIPO al considerar que elementos como la fuente, el color y la inclusión de la denominación 'almaviva group' reducen la similitud visual a un nivel bajo, neutralizando la similitud fonética y eliminando el riesgo de confusión.

El Tribunal ha resuelto que el uso de una 'marca paraguas' (house mark) en combinación con líneas de productos específicas no anula la función de garantía de origen de la marca principal. Por tanto, este modelo comercial es plenamente válido para acreditar el uso genuino y evitar la revocación de la marca por falta de uso según el artículo 58(1)(a) del Reglamento 2017/1001.

Asimismo, el Tribunal aclara que la coincidencia entre la razón social de una empresa y su marca registrada no impide que el signo sea considerado marca. Si el logotipo aparece de forma prominente en facturas, catálogos o etiquetas, el consumidor percibe un vínculo de origen comercial, independientemente de que el nombre coincida con la denominación social.

Finalmente, la sentencia recrimina a la EUIPO una valoración probatoria selectiva. El Tribunal establece que la acreditación del uso genuino exige un análisis global y conjunto de toda la documentación aportada; la omisión de pruebas sustanciales vicia la decisión administrativa y conlleva su anulación.

La sentencia analiza el riesgo de confusión entre la marca figurativa "papyros by Modus" (software de gestión) y la marca anterior denominativa "PAPYRUS" (ordenadores). El Tribunal ha determinado que, aunque se trate de productos materiales e inmateriales, existe una similitud basada en su complementariedad, ya que el software es indispensable para el uso del hardware y ambos suelen comercializarse como soluciones integrales de IT.

En cuanto a los signos, el Tribunal ha establecido que el elemento dominante es "papyros", mientras que la mención "by Modus" es secundaria y tiende a ser ignorada por el consumidor en la pronunciación. Al coincidir visual, fonética y conceptualmente con la marca anterior, se ha concluido que el riesgo de confusión es inevitable.

Finalmente, el Tribunal ha subrayado que, aunque el público objetivo sea profesional y tenga un nivel de atención elevado, sigue aplicándose la doctrina del recuerdo imperfecto. Esto implica que los profesionales no comparan las marcas lado a lado, sino que se basan en una imagen mental incompleta, lo que refuerza la probabilidad de confusión.

El Tribunal ha analizado la solicitud de *restitutio in integrum* (restitución de derechos) de una empresa que dejó expirar un dibujo o modelo de la Unión Europea por errores en la gestión de plazos de su representante profesional. La compañía alegaba que contaba con un sistema de "doble control" entre empleados, lo que debería haber sido suficiente para cumplir con el deber de vigilancia exigido por el artículo 67.1 del Reglamento (CE) n.º 6/2002.

Sin embargo, el Tribunal ha determinado que los errores manuales o de entrada de datos cometidos por el personal no constituyen eventos excepcionales ni imprevisibles. Asimismo, ha calificado de insuficiente el sistema de verificación mutua si este se basa en una supervisión aleatoria y no sistemática, señalando que una mera repartición de tareas no equivale a un sistema de control efectivo que excluya el incumplimiento involuntario.

Finalmente, el Tribunal ha ratificado la decisión de la EUIPO, desestimando el recurso y confirmando la pérdida definitiva de la protección del diseño. Se subraya que el respeto de los plazos es una cuestión de seguridad jurídica que exige una interpretación estricta de las medidas de restitución.