miércoles, 9 de septiembre de 2026: La UE formaliza la participación de Jordania en el programa PRIMA

Esta decisión regula las nuevas condiciones de participación del Reino Hachemí de Jordania en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA). El objetivo es actualizar el acuerdo internacional vigente para permitir que Jordania siga siendo un Estado participante en las actividades de investigación y tecnología, adaptándose ahora al marco del programa Horizonte Europa.

La medida da cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión (UE) 2024/1167, que había prorrogado la duración total de PRIMA hasta el 31 de diciembre de 2031. Para que Jordania pudiera mantener su estatus de Estado participante bajo este nuevo horizonte temporal y normativo, era preceptiva la celebración de un acuerdo mediante el canje de notas que modificara y completara el Acuerdo PRIMA original.

Esta Decisión regula concretamente los procedimientos técnicos de acceso, modificación, supresión y supresión anticipada de datos en el sistema central del SEIAV, derogando la anterior Decisión (UE) 2021/1028. La norma establece que el acceso para autoridades fronterizas, de inmigración y policiales se realizará a través de una interfaz técnica coordinada por eu-LISA, mientras que la gestión manual de solicitudes y la modificación de datos requerirán un programa informático específico con perfiles profesionales normalizados.

Para garantizar la protección de datos, se implementará un sistema de perfiles profesionales que impedirá la combinación de funciones incompatibles; por ejemplo, quien tramite solicitudes no podrá tener facultades para modificar o suprimir datos, ni gestionar procedimientos de recurso. Asimismo, el software deberá permitir a las unidades nacionales del SEIAV extraer datos limitados para consultar otros sistemas de la UE, como el SIS, VIS, SES o Eurodac, facilitando así la evaluación manual de riesgos según los artículos 26 y 28 del Reglamento (UE) 2018/1240.

La norma entrará en vigor el próximo 28 de septiembre de 2026. Hasta entonces, eu-LISA deberá definir la arquitectura física y las especificaciones técnicas del sistema, asegurando que los usuarios solo visualicen los datos estrictamente necesarios según su perfil profesional, siguiendo el principio de protección de datos desde el diseño.

Esta decisión regula el relevo en el mando de adiestramiento interarmas de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM Ucrania). Conforme a las facultades otorgadas por el artículo 5.1 de la Decisión (PESC) 2022/1968, el Comité Político y de Seguridad ha designado al general de brigada Sławomir Lidwa para sustituir al general Piotr Fajkowski.

El nombramiento, propuesto por las autoridades polacas y respaldado tanto por el comandante de la misión como por el Comité Militar de la Unión Europea, surtió efecto el pasado 15 de julio de 2026. Como consecuencia directa de este cambio de mando, queda derogada la Decisión (PESC) 2023/2206 que regulaba el nombramiento del anterior comandante.

Esta norma renueva la aprobación de la fosfina (sustancia activa también denominada fosfano) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009. El objetivo es permitir su comercialización en productos fitosanitarios, siempre que se respeten las condiciones y restricciones de uso detalladas en el anexo I del Reglamento.

Para mitigar los riesgos de genotoxicidad señalados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la norma establece que la fosfina solo podrá utilizarse mediante fumigación en cámaras o salas estancas a los gases. El suministro de la sustancia deberá realizarse desde el exterior para evitar el contacto de los operadores con la misma, y la eliminación de residuos posteriores requerirá tecnología de filtrado adecuada.

La norma entrará en vigor el próximo 28 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, los productos tratados solo podrán retirarse de las cámaras tras su ventilación y una vez que las concentraciones de residuos sean iguales o inferiores al límite de cuantificación.

El conflicto surge a raíz de una campaña política del partido belga Vlaams Belang, que utilizó la estética, colores y tipografía de IKEA para difundir un plan de inmigración. El TJUE ha determinado que el derecho exclusivo del titular de una marca de renombre no es absoluto y que la "justa causa" —excepción que permite el uso de la marca por terceros— puede ampararse en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Para evitar que esta excepción se convierta en un cheque en blanco para el parasitismo desleal, el Tribunal fija un test de ponderación obligatorio para los jueces nacionales. Se deberá analizar la buena fe del tercero, si el uso busca alimentar un debate de interés general y, fundamentalmente, si existe un vínculo real con la marca o si se utiliza meramente para aprovechar su prestigio.

Un punto crítico es el impacto en la imagen de la empresa. El Tribunal advierte que el uso podría ser prohibido si crea la impresión de que el titular de la marca apoya o comparte el mensaje político, especialmente cuando la compañía mantiene una política de neutralidad.

La sentencia analiza si el incumplimiento de los estándares de precisión de los mapas topográficos (art. 20.1 del Reglamento 1782/2003) permite activar la responsabilidad extracontractual del Estado. El TJUE concluye que estas normas tienen una finalidad puramente institucional —organizar el control administrativo y evitar el fraude— y no otorgan derechos a los particulares. Por tanto, un error técnico en la cartografía oficial no es base suficiente para una reclamación indemnizatoria.

Asimismo, el Tribunal precisa que la "información objetivamente correcta" requerida para evitar sanciones en las ayudas agrícolas (art. 68.1 del Reglamento 796/2004) no se limita al dato numérico de la superficie, sino que exige la identificación geográfica exacta y la delimitación de los límites de la parcela. En el caso analizado, se consideró que un profesional no puede alegar desconocimiento ante una diferencia de superficie tan elevada (más de 80 hectáreas).

Finalmente, el TJUE reitera que la omisión de una cuestión prejudicial al TJUE por parte de un juez de última instancia (art. 267 TFUE) no genera, por sí sola, responsabilidad del Estado. Para que exista tal responsabilidad, debe concurrir la vulneración de una norma que efectivamente otorgue derechos concretos al ciudadano, algo que no sucede con las normas de gestión técnica administrativa.