El TJUE eleva el estándar probatorio para inmovilizar bienes por sanciones
El Tribunal de Justicia de la UE aclara que, aunque las sanciones pueden ejecutarse sin aviso previo, la administración debe probar el control real de los activos con indicios concretos.
El TJUE ha resuelto que las autoridades nacionales pueden incluir a una entidad en una lista de inmovilización de bienes sin notificación previa. Esta excepción al derecho a ser oído (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales) se justifica por la necesidad de generar un 'efecto sorpresa' que evite el desvío de activos antes de la ejecución de la medida.
Sin embargo, el Tribunal establece un límite riguroso al control informal. No basta con alegar que un régimen es 'autocrático u oligárquico' para presumir que el poder político controla una empresa. La administración debe aportar pruebas objetivas, precisas y concordantes de que el sancionado influye efectivamente en la persona jurídica, evitando así que el afectado se enfrente a una 'prueba diabólica' de no control.
Respecto al control judicial (art. 47 de la Carta), el TJUE distingue entre la decisión de sancionar, competencia exclusiva del Consejo de la UE, y su ejecución nacional. El juez nacional no debe juzgar la seguridad nacional ni la oportunidad de la medida, sino centrarse en la legalidad formal, la ausencia de desviación de poder y, fundamentalmente, que los hechos estén respaldados por pruebas sólidas.
Claves prácticas para el despacho
Refuerza la defensa de clientes corporativos frente a inmovilizaciones arbitrarias, obligando a la Administración a demostrar el control real más allá de generalizaciones políticas.
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