viernes, 4 de septiembre de 2026: Actualización de las condiciones de accesibilidad en espacios públicos urbanizados

A través del Real Decreto 707/2026, se introduce una actualización en el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad para los espacios públicos urbanizados. Esta modificación tiene como objetivo acompasar la norma con la Ley 11/2023 y el nuevo Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

Los cambios afectan específicamente al anexo de la Orden. Se establece una nueva redacción para el artículo 32, relativo a 'Otros elementos', y se procede a la supresión total del artículo 47, referido a la 'Comunicación Interactiva'.

Estas modificaciones entrarán en vigor el próximo 2 de enero de 2027, integrándose así en el marco de mínimos aplicable a la proyección, construcción y renovación de los espacios públicos en todo el territorio nacional.

La actualización del Real Decreto 1612/2007, introducida a través del Real Decreto 707/2026, modifica el artículo 3 relativo a la comunicación de la utilización del procedimiento de voto accesible. El objetivo principal de este cambio es eliminar requisitos previos para aquellas personas con discapacidad visual que deseen hacer uso de este sistema,

facilitando así que los electores puedan identificar su opción de voto y el sobre correspondiente mediante el sistema Braille sin necesidad de asistencia de terceros. Esta medida busca reforzar la autonomía del elector y garantizar el secreto del sufragio en los procesos electorales y consultas directas.

A través del Real Decreto 707/2026, se modifica el artículo 13 del Real Decreto 366/2007, relativo a la accesibilidad del contenido y estructura de documentos e impresos. Esta actualización busca eliminar las barreras de comprensión que afectan a ciudadanos con discapacidades cognitivas al interactuar con la Administración General del Estado.

La modificación introduce la accesibilidad cognitiva como un pilar fundamental, integrando herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil y la comunicación aumentativa y alternativa. El objetivo es evitar que notificaciones o documentos administrativos se conviertan en obstáculos para el ejercicio de derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva o el acceso a la salud.

Dado que el Real Decreto modificador tiene una fecha de vigencia posterior a la actual, estos cambios entrarán en vigor el próximo 2 de enero de 2027.

A través del Real Decreto 707/2026, se modifica el Reglamento aprobado por el Real Decreto 422/2011 para integrar expresamente actuaciones orientadas a la accesibilidad cognitiva en los procesos electorales y la vida política. Esta actualización busca eliminar barreras de comprensión y comunicación que dificultan el ejercicio del derecho al sufragio y la participación ciudadana.

La modificación tiene como objetivo garantizar que los entornos, la información y los procesos sean comprensibles para personas con dificultades cognitivas, implementando herramientas como el lenguaje claro y la lectura fácil. Estas medidas complementan las ya existentes para discapacidades visuales o auditivas, asegurando que la participación política sea real y efectiva para todos los colectivos.

Dado que la entrada en vigor de esta modificación está prevista para el 2 de enero de 2027, los cambios en el texto consolidado no son aplicables actualmente, sino que entrarán en vigor en la fecha señalada.

Este Reglamento establece la metodología técnica para asignar los elementos del indicador de actividad a las celdas de las plantillas de información financiera (FINREP), previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117. El objetivo es armonizar la comunicación de datos financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La norma reconoce que, aunque suele existir una correspondencia directa entre la información financiera y el marco de riesgo operativo, existen casos donde esta no es perfecta. Por ello, obligará a las entidades a ajustar los valores de las celdas de las plantillas FINREP para asegurar que coincidan estrictamente con los componentes del indicador de actividad definidos en el Reglamento Delegado (UE) 2026/1167.

La normativa entrará en vigor el próximo 23 de septiembre de 2026, basándose en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea.

Esta norma regula la composición del indicador de actividad basado en estados financieros, estableciendo qué elementos de ingresos y gastos deben incluirse o excluirse para calcular el riesgo operativo. Entre las novedades, se obliga a integrar en el componente de intereses, arrendamientos y dividendos los ingresos y gastos de inversiones inmobiliarias que generen rentas, ajustándolos a la NIIF 16, así como los dividendos de filiales, asociadas y empresas conjuntas no consolidadas.

Asimismo, el reglamento introduce el 'método del límite prudencial' para evitar aumentos injustificados en el componente financiero derivados de coberturas económicas. Para adoptar este método, las entidades deberán acreditar que disponen de políticas, sistemas y controles adecuados para documentar la relación de cobertura, notificando previamente dicha decisión a las autoridades competentes.

Finalmente, se establece una taxonomía de riesgo operativo más exhaustiva basada en dos niveles: macroeventos (nivel 1) y categorías detalladas (nivel 2). Las entidades con un indicador de actividad igual o superior a 750 millones de euros deberán clasificar sus pérdidas anuales bajo este sistema, excluyendo aquellas recuperadas en un plazo de cinco días hábiles.

Esta norma modifica las condiciones para el ensayo de cumplimiento de los límites de emisiones de partículas de los frenos establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1257. Concretamente, sustituye la referencia al Reglamento Técnico Mundial n.º 24 de las Naciones Unidas por el nuevo Reglamento n.º 179 de las Naciones Unidas en el cuadro 4 del anexo III.

El cambio responde a la necesidad de integrar mejoras tecnológicas que permiten una medición de alta precisión de las partículas PM 10, PM 2,5 y el número de partículas. Asimismo, el nuevo marco permitirá ensayar tecnologías avanzadas, como los frenos con filtros activos o pasivos de reducción de emisiones, y calcular las emisiones totales para el vehículo completo.

La medida afectará a los vehículos de las categorías M 1 y N 1, así como a los vehículos Euro 7ext. Dado que su publicación fue el 3 de septiembre de 2026, la norma entrará en vigor el próximo 23 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual se aplicarán estos nuevos estándares de medición en laboratorio.

La sentencia analiza la responsabilidad de la Comisión Europea tras calificar erróneamente una medida como 'ayuda de Estado' (art. 107.1 TFUE). El Tribunal establece que, cuando una institución de la UE actúa sobre conceptos jurídicos objetivos donde no existe margen de apreciación, la mera infracción de la norma puede bastar para acreditar una 'violación suficientemente caracterizada'.

Sin embargo, el Tribunal desestima la indemnización solicitada por la entidad bancaria debido a la falta de nexo causal. Se determina que, para que proceda la responsabilidad según el art. 340 TFUE, el acto ilegal debe ser la causa determinante y directa del perjuicio, y no un simple factor contribuyente. En este caso, factores externos como la mala gestión y crisis de reputación previas rompieron dicha relación.

Asimismo, el TJUE clarifica la prescripción de los daños. Define que un perjuicio es 'continuado' solo si su cuantía aumenta proporcionalmente al tiempo. Si el importe máximo es conocible y provisionable desde el inicio, el daño se considera 'instantáneo', computándose el plazo de prescripción desde ese momento.

La sentencia resuelve un conflicto sobre la imposición de derechos antidumping a importaciones de alcoholes polivinílicos procedentes de China. El Tribunal ha validado la capacidad de la Comisión Europea para utilizar el valor normal más alto de otros productores cuando una empresa no coopera en la investigación, determinando que esto no constituye una sanción ni una presunción irrefutable, sino una consecuencia legal permitida por el artículo 18.6 del Reglamento de base.

En cuanto a la carga de la prueba, el TJUE distingue entre el proceso de compensación para situar el precio en fase 'franco fábrica' y los ajustes por comparabilidad. Mientras que en el primero la Comisión debe probar que los costes están incluidos en el precio, en los ajustes de comparabilidad la carga recae estrictamente sobre la parte interesada, quien debe aportar al menos un principio de prueba durante la fase administrativa.

Por último, el Tribunal ha matizado la calificación de los distribuidores vinculados. Para aplicar un ajuste por comisión según el artículo 2.10.i, la Comisión debe basarse en indicios convergentes de la realidad económica, no bastando la mera existencia de una sociedad vinculada. En este caso, el Tribunal ha anulado el ajuste por comisiones al considerar que los indicios no eran suficientes.

La sentencia resuelve un conflicto sobre la determinación del margen de dumping en operaciones intragrupo. El Tribunal establece que un distribuidor vinculado no puede considerarse parte de una "entidad económica única" —lo que anularía los ajustes por comisiones— si conserva los beneficios de dichas comisiones o si el productor dispone de su propia estructura de ventas independiente.

Un punto clave es la cuantificación de estas comisiones. El TJUE permite que la Comisión Europea aplique por analogía la presunción de "no fiabilidad" del precio (art. 2.9 del Reglamento 2016/1036). Esto significa que, una vez decidido que procede un ajuste, la Comisión puede ignorar el importe pactado entre las empresas vinculadas y calcular una remuneración basada en condiciones de mercado si considera que la cifra original no es fiable.

Finalmente, en materia financiera, el Tribunal aclara que el uso de tipos de cambio de contratos de cobertura (ventas a término) solo es obligatorio si la divisa de dicho contrato coincide con la divisa de conversión elegida por la autoridad para realizar la comparación ecuánime, manteniendo la Comisión el margen de apreciación para elegir la divisa de referencia.

La sentencia resuelve una disputa sobre la imposición de derechos antidumping a productos de acero turcos. El Tribunal ha ratificado que la Comisión Europea no está obligada a utilizar la divisa contable del exportador ni el tipo de cambio diario para convertir los costes de producción, validando el uso de promedios mensuales según el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.

Asimismo, el TJUE ha delimitado la carga informativa de las empresas. Se establece que, si bien la Comisión debe actuar con diligencia, el exportador tiene la obligación de proporcionar datos claros y cotejables. En consecuencia, si la información sobre gastos de venta, generales y administrativos (VGA) es insuficiente o confusa, la Comisión puede realizar ajustes basados en datos razonables sin vulnerar el principio de buena administración.

Finalmente, el Tribunal aclara que los contratos de cobertura (hedging) solo son vinculantes si la divisa del contrato coincide con la divisa que la Comisión ha elegido para la comparación, reforzando la potestad administrativa frente a los métodos contables internos de las empresas.

El Tribunal ha determinado que un texto publicado en una red social es una "obra" protegida por el derecho de autor siempre que sea una creación intelectual que refleje la personalidad del autor. Para ello, es irrelevante la brevedad del texto, el soporte digital o el género literario; lo determinante es que el autor haya tomado decisiones creativas y libres en la disposición y combinación de las palabras.

Respecto a la excepción de reproducción por fines informativos (art. 5.3.c de la Directiva 2001/29/CE), el TJUE aclara que los Estados miembros pueden limitar legalmente esta posibilidad a la reproducción de extractos breves, basándose en el principio de proporcionalidad para evitar que la copia sustituya a la fuente original.

No obstante, el Tribunal prohíbe que las normativas nacionales condicionen dicha excepción informativa a la ausencia de lucro. Según el fallo, no se puede prohibir que los medios de comunicación obtengan beneficios económicos directos o indirectos por el uso de estas reproducciones, ya que ello vulneraría la libertad de expresión y la viabilidad de la prensa.

La sentencia analiza si la obligatoriedad de remitir cuestiones jurídicas no resueltas al órgano jurisdiccional supremo —en este caso, bajo el Decreto-ley 62/2024 de Rumanía— atenta contra el principio de independencia de los jueces y la tutela judicial efectiva previstos en el artículo 19 TUE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El TJUE concluye que este mecanismo es compatible con el Derecho de la Unión siempre que se cumplan tres condiciones: que el juez inferior mantenga la facultad de constatar la pertinencia de la cuestión, que el órgano supremo resuelva solo la interpretación abstracta de la norma (dejando la resolución del caso concreto al juez original) y que no se impida la remisión de cuestiones prejudiciales al propio TJUE.

En consecuencia, el Tribunal valida que los Estados implementen sistemas de unificación de jurisprudencia para garantizar la seguridad jurídica, siempre que no sustituyan la función decisoria del juez establecido por la ley sobre los hechos del litigio ni bloqueen el diálogo judicial con Luxemburgo.

La sentencia resuelve un conflicto sobre la legalidad de las prórrogas de concesiones hidroeléctricas. El núcleo de la controversia era si la producción de electricidad se consideraba un "servicio", lo que obligaría a realizar un concurso público transparente e imparcial antes de cualquier renovación, según el artículo 12 de la Directiva de Servicios, especialmente cuando el recurso natural (el agua) es escaso.

El TJUE ha establecido que la electricidad es jurídicamente una mercancía o producto. Por tanto, la actividad de producirla no puede equipararse a la prestación de un servicio. El Tribunal aclara que ni la gestión de caudales ambientales ni la prestación de servicios accesorios de red alteran esta naturaleza, ya que la actividad principal sigue siendo la producción de un bien.

Como consecuencia, la prohibición de renovaciones automáticas prevista en la normativa europea de servicios no es aplicable a las centrales eléctricas. Esto permite que los Estados miembros y sus administraciones regionales establezcan regímenes de prórroga de concesiones basados en criterios propios, como la percepción de ayudas públicas, sin necesidad de abrir un nuevo proceso de selección.

La sentencia surge a raíz de una normativa letona que obligaba a inscribir en el Registro Mercantil datos detallados de todos los accionistas —incluyendo identidad, contacto y valor de sus acciones—, permitiendo su descarga masiva y gratuita por cualquier usuario. El TJUE ha aclarado que la Directiva 2017/1132, que regula la transparencia en el Derecho de sociedades, no exige la publicación de datos de quienes no participen en la administración, vigilancia o control de la sociedad, excluyendo así a los accionistas minoritarios.

El Tribunal califica esta publicidad masiva como una injerencia grave en el derecho a la vida privada y a la protección de datos (artículos 7 y 8 de la Carta de DFUE). Ha subrayado que, aunque la lucha contra el blanqueo de capitales es un fin legítimo, no justifica el acceso indiscriminado cuando existen medidas menos intrusivas, como exigir la acreditación de un interés legítimo para acceder a dicha información.

En consecuencia, el fallo establece que cualquier normativa nacional que obligue a poner a disposición del público general los datos de los accionistas minoritarios sin filtros de acceso es incompatible con el Derecho de la Unión Europea y el RGPD, especialmente en lo relativo a los principios de minimización de datos y limitación de la finalidad.

El Tribunal ha resuelto que la nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 101(2) del TFUE —que sanciona los acuerdos colusorios— se limita estrictamente a las estipulaciones del acuerdo prohibido. Por tanto, no se extiende a contratos celebrados paralelamente que simplemente utilicen un índice manipulado, siempre que no hayan sido el instrumento para ejecutar dicha infracción.

La sentencia establece una distinción fundamental entre el mercado de derivados sobre tipos de interés, donde se produjo la manipulación, y el mercado de préstamos inmobiliarios. Al tratarse de mercados diferenciados, el hecho de que la Comisión Europea haya constatado una infracción en el primero no conlleva la ineficacia de las cláusulas de indexación en el segundo, especialmente cuando las partes del préstamo no participaron en el cartel.

Asimismo, el Tribunal aclara que, aunque los jueces nacionales deben respetar las decisiones de la Comisión según el Reglamento (CE) n.º 1/2003, esta vinculación opera solo dentro de los límites materiales y personales de la infracción. En consecuencia, una decisión administrativa sobre manipulación de índices no puede obligar a un tribunal nacional a declarar nulo un contrato de préstamo que no fue parte de la conducta anticompetitiva.

El TJUE ha resuelto que las autoridades nacionales pueden incluir a una entidad en una lista de inmovilización de bienes sin notificación previa. Esta excepción al derecho a ser oído (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales) se justifica por la necesidad de generar un 'efecto sorpresa' que evite el desvío de activos antes de la ejecución de la medida.

Sin embargo, el Tribunal establece un límite riguroso al control informal. No basta con alegar que un régimen es 'autocrático u oligárquico' para presumir que el poder político controla una empresa. La administración debe aportar pruebas objetivas, precisas y concordantes de que el sancionado influye efectivamente en la persona jurídica, evitando así que el afectado se enfrente a una 'prueba diabólica' de no control.

Respecto al control judicial (art. 47 de la Carta), el TJUE distingue entre la decisión de sancionar, competencia exclusiva del Consejo de la UE, y su ejecución nacional. El juez nacional no debe juzgar la seguridad nacional ni la oportunidad de la medida, sino centrarse en la legalidad formal, la ausencia de desviación de poder y, fundamentalmente, que los hechos estén respaldados por pruebas sólidas.