Accidente laboral: cómo analizar el delito del artículo 316 CP y el recargo de prestaciones del artículo 164 LGSS

1. Caso práctico: accidente de trabajo por caída en altura

Imaginemos el siguiente supuesto hipotético:

Un trabajador de una empresa subcontratista sufre una caída desde un andamio mientras realiza trabajos de rehabilitación en la fachada de un edificio. El accidente le provoca lesiones graves y requiere una intervención quirúrgica y un período prolongado de incapacidad temporal.

Tras el siniestro se inicia una investigación en la que aparecen varias cuestiones relevantes:

• El trabajador realizaba tareas a varios metros de altura.
• Existen dudas sobre la instalación y mantenimiento de las protecciones colectivas.
• La evaluación de riesgos contemplaba el riesgo de caída.
• La empresa dispone de documentación sobre formación preventiva y entrega de equipos de protección individual.
• Debe comprobarse si los trabajadores recibieron instrucciones específicas sobre el procedimiento seguro de trabajo.
• La obra cuenta con una empresa contratista principal y una subcontratista.
• Es necesario determinar qué personas tenían atribuidas las funciones de supervisión y coordinación de seguridad.
• Debe investigarse qué obligaciones de coordinación y vigilancia correspondían a cada empresa interviniente.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social examina las condiciones en las que se produjo el accidente. Paralelamente, pueden iniciarse actuaciones judiciales si existen indicios de infracción penal. El trabajador también puede tener derecho a prestaciones de Seguridad Social y plantear reclamaciones derivadas de los daños sufridos.

¿Cómo debe estructurar un abogado el análisis jurídico de este expediente? La respuesta exige distinguir cuatro ámbitos: responsabilidad penal, administrativa, recargo de prestaciones e indemnización de daños y perjuicios. También será esencial diferenciar las obligaciones del empresario empleador, las de la empresa principal y las funciones concretas de los profesionales encargados de la prevención.

2. Responsabilidad penal: el delito contra la seguridad de los trabajadores del artículo 316 CP

Fundamento legal: artículos 316, 317 y 318 del Código Penal.

El artículo 316 del Código Penal sanciona a quienes, estando legalmente obligados y con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, generando un peligro grave para su vida, salud o integridad física.

La pena prevista es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

¿Qué requisitos exige el artículo 316 CP?

Para analizar su posible aplicación deben examinarse, entre otros, los siguientes elementos:

• Existencia de una obligación preventiva concreta: debe identificarse la norma que impone la medida de seguridad presuntamente incumplida.
• Sujeto legalmente obligado: es necesario determinar quién tenía el deber jurídico de facilitar los medios de protección.
• Omisión de medios necesarios: debe analizarse si existió una falta relevante de los medios de seguridad exigibles.
• Generación de un peligro grave: la conducta debe haber creado un peligro concreto y grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores.
• Elemento subjetivo: debe examinarse la concurrencia del dolo exigido por el artículo 316 o, en su caso, de la imprudencia grave prevista en el artículo 317 CP.

El artículo 316 configura un delito de peligro concreto: no exige que se produzca efectivamente una lesión. Esto significa que puede existir responsabilidad penal por la creación del peligro grave aunque no llegue a producirse un accidente. Por el contrario, la existencia de un accidente no demuestra por sí sola que se hayan cometido los delitos de los artículos 316 o 317.

¿Qué ocurre si el trabajador resulta lesionado?

Cuando el riesgo se materializa en lesiones, también puede resultar necesario examinar el artículo 152 CP, relativo a las lesiones causadas por imprudencia. Si el accidente provoca el fallecimiento del trabajador, deberá valorarse la posible aplicación del artículo 142 CP, relativo al homicidio imprudente.

La concurrencia de un delito de riesgo laboral con otro de resultado exige analizar sus elementos y las reglas concursales aplicables. No debe presumirse automáticamente una condena por ambos delitos.

3. El artículo 316 CP como norma penal en blanco: identificar la obligación preventiva incumplida

Una característica fundamental del artículo 316 CP es su configuración como norma penal en blanco. Esto significa que, para concretar la infracción preventiva relevante, es necesario acudir a la normativa extrapenal aplicable.

Normativa fundamental

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece el marco general de obligaciones preventivas. Entre los preceptos especialmente relevantes se encuentran:

• Artículo 14: derecho de los trabajadores a una protección eficaz y deber general de protección del empresario.
• Artículo 15: principios de la acción preventiva, incluida la prioridad de la protección colectiva frente a la individual.
• Artículo 16: plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
• Artículo 17: equipos de trabajo y medios de protección.
• Artículo 19: formación preventiva de los trabajadores.
• Artículo 24: coordinación de actividades empresariales cuando concurren varias empresas.

La norma concreta que deba aplicarse dependerá de la actividad desarrollada y del riesgo examinado.

Normativa específica en obras de construcción

En el ejemplo de caída en altura, puede resultar especialmente relevante el Real Decreto 1627/1997, que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Su artículo 7 regula el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 9 contempla obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

También deberá valorarse la normativa específica relativa a los equipos de trabajo y a las protecciones frente a caídas, cuando resulte aplicable:

• Real Decreto 1215/1997: establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo.
• Real Decreto 773/1997: regula las disposiciones mínimas relativas a la utilización de equipos de protección individual.

La obligación de proporcionar equipos de protección individual se encuentra en el artículo 17.2 LPRL, mientras que el artículo 19 regula específicamente la formación. No debe confundirse la mera entrega de un equipo con el cumplimiento completo de las obligaciones preventivas.

¿Qué documentación debe analizarse?

En el caso planteado, el abogado debería revisar especialmente:

• La evaluación de riesgos y sus actualizaciones.
• La planificación de la actividad preventiva.
• El Plan de Seguridad y Salud específico de la obra, cuando resulte exigible.
• Los documentos de coordinación de actividades empresariales.
• Las instrucciones de trabajo y los procedimientos de seguridad.
• Los registros de formación e información preventiva.
• La documentación de equipos de protección y protecciones colectivas.
• Las inspecciones, revisiones y controles de los equipos utilizados.

La finalidad no es únicamente comprobar si existen documentos, sino determinar si las medidas preventivas eran adecuadas y si se aplicaron efectivamente.

4. ¿Quién puede responder penalmente? Empresarios, administradores, encargados y técnicos de prevención

Fundamento legal: artículos 316 a 318 CP y artículos 14 y 30 LPRL.

Una de las cuestiones más complejas de estos procedimientos es identificar a las personas que tenían obligaciones preventivas jurídicamente relevantes. En nuestro ejemplo pueden intervenir el empresario contratista, el empresario subcontratista, los responsables de obra, el coordinador de seguridad y salud y los técnicos de prevención.

Sin embargo, la responsabilidad penal no se atribuye automáticamente por ocupar un cargo determinado. El artículo 318 CP establece reglas específicas para los supuestos en los que los hechos se atribuyen a personas jurídicas, contemplando la responsabilidad de administradores o encargados del servicio responsables de los hechos y de quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hubieran adoptado las medidas correspondientes.

Delegación de funciones: ¿puede el empresario quedar exonerado de su deber de protección?

El artículo 14 LPRL establece que el empresario tiene el deber general de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Este deber constituye una obligación empresarial originaria. Por su parte, el artículo 30 LPRL permite organizar la prevención mediante trabajadores designados, servicios de prevención propios o entidades especializadas.

Sin embargo, el artículo 14.4 LPRL establece expresamente que la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios especializados, así como el recurso a entidades externas, no exime al empresario del cumplimiento de su deber de protección. Por tanto, la contratación de un servicio de prevención ajeno no significa que desaparezcan las obligaciones empresariales de protección, seguimiento y control de la actividad preventiva. La delegación de funciones no elimina por sí sola el deber general de protección del empresario.

No obstante, es necesario distinguir este deber empresarial de la responsabilidad penal individual. La existencia de una obligación general de protección no implica que el empresario, sus administradores o sus representantes deban ser condenados automáticamente por cualquier accidente producido. Para atribuir responsabilidad penal deben concurrir los elementos del delito y examinarse las funciones efectivamente asumidas, las decisiones adoptadas y las posibilidades reales y jurídicas de actuación de cada persona.

Aplicación al caso práctico

Para identificar posibles responsables, el abogado debería determinar:

• Quién tenía atribuida la obligación preventiva concreta.
• Qué funciones ejercía realmente cada interviniente.
• Si se había producido una delegación de funciones y cuál era su alcance efectivo.
• Qué facultades de decisión y actuación tenía cada persona.
• Qué información conocía sobre el riesgo.
• Qué medios estaban disponibles y cuáles debían proporcionarse.
• Qué obligaciones de supervisión o vigilancia continuaban correspondiendo al empresario.
• Qué actuación podía exigirse jurídicamente a cada persona.

Esta delimitación es esencial tanto para una acusación fundamentada como para la defensa de una persona investigada.

5. Auditoría probatoria: del acta de Inspección al análisis del nexo causal

Fundamento legal: artículo 23 de la Ley 23/2015, artículo 15.4 LPRL y artículo 96.2 LRJS.

La documentación de un accidente laboral puede proceder de fuentes muy distintas: atestados policiales, inspecciones, informes médicos, evaluaciones de riesgos, declaraciones testificales y periciales técnicas. No todos estos documentos tienen el mismo valor probatorio en cada procedimiento.

Presunción de certeza del acta de Inspección

El artículo 23 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reconoce una presunción de certeza a los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección y formalizados en actas de infracción o liquidación conforme a los requisitos legales. También contempla el valor probatorio de determinados informes inspectores basados en comprobaciones realizadas.

Esta presunción admite prueba en contrario. No significa que las valoraciones jurídicas del inspector resulten automáticamente indiscutibles ni que sus conclusiones vinculen sin más al órgano jurisdiccional penal. En el proceso penal se aplica plenamente la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española.

¿Qué ocurre si el trabajador actuó imprudentemente?

Esta es otra cuestión especialmente delicada. El artículo 15.4 LPRL exige que la efectividad de las medidas preventivas tenga en cuenta las distracciones y las imprudencias no temerarias que puedan cometer los trabajadores. Por tanto, la imprudencia del trabajador no exonera automáticamente al empresario de sus obligaciones preventivas.

La relevancia de una actuación temeraria, imprevisible o exclusivamente determinante del resultado deberá analizarse atendiendo a las circunstancias acreditadas y a los requisitos de la responsabilidad concreta. También debe distinguirse el análisis penal del nexo causal exigido para imponer el recargo de prestaciones.

Diferencias entre el proceso penal y el social

El artículo 96.2 LRJS contiene una regla probatoria especialmente relevante: en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, corresponde a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo acreditar la adopción de las medidas necesarias para prevenir el riesgo y los factores excluyentes o minoradores de responsabilidad.

El precepto impide considerar como elemento exonerador la culpa no temeraria del trabajador o la vinculada al ejercicio habitual del trabajo. Esta regla no debe trasladarse automáticamente al proceso penal, sometido a sus propias garantías y a la presunción de inocencia.

6. Recargo de prestaciones: cuándo procede el incremento del 30 % al 50 %

Fundamento legal: artículo 164 LGSS.

El artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, regula el recargo de prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Cuando concurren sus requisitos, las prestaciones económicas correspondientes se incrementan entre un 30 % y un 50 %, en función de la gravedad de la falta preventiva.

¿Qué requisitos deben concurrir?

Para examinar la procedencia del recargo deben analizarse:

1. Existencia de una contingencia profesional: debe tratarse de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en los términos legalmente previstos.
2. Prestaciones económicas causadas por dicha contingencia: el recargo se aplica sobre las prestaciones económicas afectadas, no sobre cualquier cantidad reclamada en concepto de daños y perjuicios.
3. Incumplimiento de medidas de seguridad: debe identificarse una infracción preventiva jurídicamente relevante.
4. Relación causal: debe existir conexión entre el incumplimiento de las medidas de seguridad y la lesión producida.
5. Atribución de responsabilidad: debe determinarse el empresario infractor conforme a los requisitos legales y las circunstancias acreditadas.

La existencia de un accidente no basta, por sí sola, para imponer el recargo.

¿Quién paga el recargo?

El artículo 164.2 LGSS establece que la responsabilidad del pago recae directamente sobre el empresario infractor. Además, dispone expresamente que esta responsabilidad no puede ser objeto de seguro, siendo nulos los pactos destinados a cubrirla, compensarla o transmitirla. Debe diferenciarse esta prohibición del aseguramiento de otras responsabilidades que puedan surgir del accidente.

¿Puede responder la empresa principal por un accidente sufrido por un trabajador de una subcontratista?

Esta cuestión es especialmente relevante cuando el accidente se produce en una actividad en la que intervienen varias empresas. La existencia de una contrata o subcontrata puede dar lugar a obligaciones de cooperación, información, coordinación y vigilancia en materia de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la empresa principal no responde automáticamente del recargo por el mero hecho de haber contratado o subcontratado una actividad.

El artículo 24 LPRL establece obligaciones preventivas específicas para las situaciones en las que concurren varias empresas, exigiendo a la empresa principal vigilar el cumplimiento normativo por contratistas y subcontratistas en centros propios (desarrollado por el Real Decreto 171/2004). Asimismo, el artículo 42.3 LISOS regula supuestos de responsabilidad solidaria en sanciones administrativas.

Ahora bien, esta previsión no debe confundirse con una atribución automática del recargo de prestaciones: el artículo 164.2 LGSS exige que la responsabilidad corresponda al empresario infractor. Esto exige determinar si la empresa principal ha incumplido una obligación preventiva que le resulte exigible y si dicho incumplimiento guarda relación causal con el accidente.

Aplicación al caso práctico

En el supuesto de caída desde un andamio, el abogado deberá comprobar:

• Si la empresa contratista principal tenía obligaciones de coordinación o vigilancia.
• Si la actividad se desarrollaba en su centro de trabajo o concurrían otros presupuestos preventivos relevantes.
• Si existían instrucciones de seguridad y mecanismos efectivos de coordinación.
• Qué empresa debía adoptar y mantener las protecciones colectivas.
• Si se produjo un incumplimiento imputable a la empresa principal.
• Si dicho incumplimiento contribuyó causalmente al accidente.

No sería jurídicamente correcto imponer automáticamente el recargo a todas las empresas intervinientes sin individualizar sus obligaciones y las infracciones que eventualmente les resulten imputables.

¿Es compatible el recargo con otras responsabilidades?

Sí, en los términos legalmente previstos. El artículo 164.3 LGSS establece que la responsabilidad por recargo es independiente y compatible con otras responsabilidades, incluida la penal. Por su parte, el artículo 42 LPRL regula la compatibilidad entre sanciones administrativas, indemnizaciones y recargo.

Por tanto, deben diferenciarse con total claridad: la sanción administrativa por una infracción preventiva, la responsabilidad penal de las personas que puedan haber cometido un delito, el recargo de prestaciones de Seguridad Social y la indemnización civil por daños y perjuicios. Cada institución responde a presupuestos y finalidades propias.

7. Coordinación entre el procedimiento penal y el expediente sancionador de Inspección

Fundamento legal: artículo 3 LISOS.

Una misma actuación preventiva puede generar investigaciones en distintas vías, pero eso no significa que todos los procedimientos sancionadores puedan continuar independientemente y de forma simultánea.

El artículo 3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) regula la concurrencia con el orden jurisdiccional penal. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Administración debe dar traslado al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y abstenerse de continuar el procedimiento sancionador en los términos establecidos por la norma. Si el procedimiento penal termina sin apreciar ilícito penal, o mediante otra resolución que permita continuar la actuación administrativa, deberá atenderse a los hechos declarados probados judicialmente.

Principio non bis in idem

El artículo 3.1 LISOS impide sancionar nuevamente los mismos hechos cuando concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento en los términos legalmente previstos. La existencia de actuaciones penales y administrativas exige, por tanto, comprobar si se produce esa triple identidad.

¿Se paralizan todas las actuaciones de Inspección?

No. El artículo 3.4 LISOS preserva, entre otras actuaciones, la eficacia inmediata de las órdenes de paralización de trabajos por riesgo grave e inminente y de los requerimientos de subsanación. Tampoco quedan necesariamente detenidos los expedientes sancionadores sin conexión directa con los hechos investigados penalmente.

Consejo práctico: el abogado debe distinguir qué actuaciones quedan afectadas por la concurrencia penal y cuáles pueden continuar conforme a su normativa específica para evitar contradicciones probatorias.

8. Cómo reclamar o impugnar un recargo de prestaciones ante el INSS

Fundamento legal: artículos 71, 72, 73 y 140 LRJS.

Una de las cuestiones procesales más relevantes es determinar qué trámites deben realizarse antes de acudir a la jurisdicción social. El recargo de prestaciones puede ser objeto de un procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cuya resolución podrá ser impugnada conforme a las reglas aplicables.

Reclamación administrativa previa

El artículo 71 LRJS establece, como regla general en materia de prestaciones de Seguridad Social, la necesidad de formular reclamación administrativa previa antes de presentar demanda judicial:

• 30 días: plazo para interponer reclamación previa desde la notificación de la resolución expresa.
• 45 días: plazo general de la entidad gestora para contestar expresamente la reclamación.
• 30 días: plazo para presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social desde la notificación de la denegación o desde que se entienda desestimada por silencio.

El artículo 72 LRJS también establece límites a las variaciones sustanciales entre lo planteado en la vía administrativa y lo alegado posteriormente en el proceso judicial. Por su parte, el artículo 73 regula los efectos de la reclamación previa sobre los plazos de prescripción y caducidad (consulte nuestra guía sobre cómo calcular plazos procesales en España para las reglas de días hábiles y silencio administrativo).

Demanda ante la jurisdicción social

El artículo 140.1 LRJS exige acreditar el agotamiento de la vía administrativa previa en las demandas sobre prestaciones de Seguridad Social. Por tanto, antes de preparar la demanda de impugnación del recargo, el profesional debe comprobar la resolución que pretende impugnar, la notificación legalmente efectiva, la reclamación previa, el silencio administrativo y las partes que deben intervenir.

Importante: no debe confundirse esta reclamación administrativa previa en materia de Seguridad Social con la conciliación laboral ante el SMAC ni con los MASC civiles de la Ley Orgánica 1/2025 (véase nuestra guía sobre el requisito de procedibilidad MASC).

9. Aplicación al caso práctico: ¿qué debería comprobar el abogado?

Volvamos al supuesto inicial: un trabajador de una subcontratista sufre lesiones graves tras caer desde un andamio durante una obra de rehabilitación. Para estructurar correctamente el expediente, el profesional debería efectuar seis comprobaciones principales:

1. Determinar qué medida preventiva podía ser exigible: comprobar si la obra contaba con protecciones colectivas adecuadas, si se evaluaron correctamente los riesgos de caída y si existían instrucciones y medidas preventivas suficientes más allá de la mera existencia de documentos formales.
2. Individualizar las obligaciones y la delegación de funciones: analizar qué funciones correspondían a la empresa contratista, la subcontratista, los responsables de obra y los profesionales de prevención, y si la delegación de funciones cumplía los requisitos sin exonerar el deber empresarial originario del art. 14.4 LPRL.
3. Valorar la posible infracción penal: si existían incumplimientos graves y peligro concreto, examinar los artículos 316 o 317 CP, y en caso de lesiones, estudiar la eventual responsabilidad por el resultado lesivo (art. 152 CP) y las reglas concursales aplicables.
4. Examinar el recargo de prestaciones: comprobar las prestaciones económicas causadas y el nexo causal entre el accidente y la infracción preventiva, valorando la eventual participación causal del trabajador según la jurisprudencia.
5. Determinar si puede responder la empresa principal: identificar las obligaciones de coordinación y vigilancia exigibles y los incumplimientos atribuibles conforme al art. 164.2 LGSS y la doctrina de la STS 48/2025.
6. Coordinar las diferentes vías: considerar el efecto prejudicial de las actuaciones penales sobre el expediente sancionador, la tramitación administrativa del recargo y las reclamaciones de responsabilidad civil.

10. Cómo utilizar Raimundo AI para analizar un accidente laboral

Los expedientes de accidente laboral pueden reunir cientos de páginas de documentación técnica, administrativa y judicial. El trabajo del abogado exige localizar hechos relevantes, identificar contradicciones, seleccionar la legislación aplicable y preparar escritos para procedimientos diferentes.

En Raimundo AI ponemos a disposición de los letrados herramientas para trabajar con documentación jurídica y formular consultas contextualizadas sobre el contenido del expediente:

Análisis de atestados, actas de Inspección e informes periciales

El profesional puede incorporar documentos a nuestra plataforma y solicitar un análisis de los hechos descritos. Por ejemplo:

«Analiza este acta de Inspección de Trabajo y la evaluación de riesgos. Identifica los incumplimientos preventivos señalados, sus fundamentos normativos y los hechos que requieren corroboración mediante otras pruebas.»

Identificación de sujetos y obligaciones

También es posible solicitar un análisis individualizado de las funciones atribuidas a los intervinientes:

«Examina las funciones del empresario, el encargado de obra, el coordinador de seguridad y el técnico de prevención. Determina qué obligaciones preventivas podrían resultar relevantes para cada uno, qué efectos puede tener la delegación de funciones y qué elementos deben acreditarse para valorar su eventual responsabilidad penal.»

Responsabilidad de empresas contratistas y subcontratistas

En expedientes con varias empresas intervinientes, el abogado puede solicitar una revisión específica de las obligaciones de coordinación:

«Analiza las obligaciones preventivas de la empresa principal y de la subcontratista conforme al artículo 24 LPRL. Determina qué hechos deben acreditarse para valorar la eventual responsabilidad de la empresa principal por el recargo de prestaciones conforme al artículo 164 LGSS y a la STS 48/2025.»

Cronología probatoria del expediente

Nuestra organización cronológica de documentos facilita la reconstrucción de los acontecimientos anteriores y posteriores al accidente (evaluaciones de riesgos, formación, inspecciones, siniestro y actas), ayudando a detectar contradicciones o documentos pendientes.

Preparación de escritos penales y laborales

Nuestro asistente apoya la redacción de borradores adaptados a cada sede (alegaciones ante Inspección, solicitudes de diligencias, escritos de defensa o acusación, sobreseimientos, reclamaciones previas y demandas de recargo), recordando que la estrategia penal y la social responden a principios probatorios y materiales distintos.

11. Preguntas frecuentes sobre accidentes laborales y responsabilidad empresarial

Conclusión: un accidente laboral exige distinguir las responsabilidades y coordinar las pruebas

La investigación jurídica de un accidente laboral grave no puede reducirse a determinar si existió una infracción preventiva. Es necesario identificar las obligaciones concretas incumplidas, las personas que podían estar legalmente obligadas, la relación entre las deficiencias de seguridad y el accidente y los presupuestos específicos de cada responsabilidad.

También debe recordarse que la delegación de funciones preventivas no elimina el deber general de protección empresarial, pero tampoco determina automáticamente la responsabilidad penal de quienes ostentan cargos directivos o técnicos. Del mismo modo, en los supuestos de subcontratación, la responsabilidad por recargo de prestaciones exige comprobar si existe una infracción preventiva imputable a la empresa principal y causalmente relacionada con el accidente.

Los artículos 316 a 318 CP, el artículo 164 LGSS, la LPRL y la LISOS establecen marcos diferentes que deben aplicarse de manera coordinada, respetando sus propias reglas de imputación, prueba y procedimiento.

En Raimundo AI permitimos trabajar con atestados, actas de Inspección, evaluaciones de riesgos y documentación pericial dentro de un mismo expediente, facilitando la investigación jurídica, la organización de hechos y la preparación de escritos.

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