Nuevos criterios de alimentación saludable en centros públicos y de dependencia

Esta norma establece criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad para la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas. Su objetivo es combatir las enfermedades no transmisibles y la malnutrición mediante la reducción de alimentos ultraprocesados y la limitación de sal, azúcares y grasas saturadas. Para ello, el Real Decreto define umbrales de nutrientes que solo serán aplicables a los ingredientes añadidos, excluyendo los nutrientes naturales de alimentos como el aceite de oliva o los lácteos, así como las comidas elaboradas íntegramente en el propio centro.

El ámbito de aplicación es amplio: afectará a los contratos de servicios y concesiones de restauración (incluyendo máquinas de vending) celebrados por poderes adjudicadores, así como a centros sanitarios, sociosanitarios, residencias de mayores y centros de tutela de menores, independientemente de si su titularidad es pública o privada. Asimismo, la norma adapta el marco previo para incluir medidas específicas de apoyo a la lactancia materna y requisitos de menús en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

Dado que la norma fue publicada el 6 de noviembre de 2026 pero su fecha de vigencia es el 6 de noviembre de 2027, las obligaciones aquí previstas entrarán en vigor dentro de un año. Hasta entonces, los centros y powers adjudicadores dispondrán de un periodo de adaptación para integrar estos requisitos en sus pliegos de prescripciones técnicas y procesos de contratación, siguiendo lo dispuesto en la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.