viernes, 6 de noviembre de 2026: Actualizados los módulos del IRPF y el régimen simplificado del IVA 2027

Esta norma regula la compensación por pérdida de ingresos para progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes. La principal novedad es la actualización de la 'situación protegida', asimilando al ingreso hospitalario la hospitalización a domicilio y los tratamientos ambulatorios complejos que requieran cuidado directo, continuo y permanente. Asimismo, se amplía el catálogo de enfermedades graves, incluyendo ahora el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

El reglamento introduce mejoras en la accesibilidad y flexibilidad: elimina la limitación que excluía a trabajadores con jornadas parciales iguales o inferiores al 25%, amplía los plazos de reconocimiento y prórroga, y clarifica la compatibilidad de la prestación con la escolarización o prácticas formativas del menor. También se regula la figura de la curatela representativa y se precisan los derechos en supuestos de divorcio, separación o extinción de parejas de hecho, permitiendo la percepción alternativa o simultánea de la ayuda por ambos cuidadores.

En cuanto al control, se establecerá la obligatoriedad de incorporar al expediente un informe vinculante de la Inspección Médica cada dos años para verificar el mantenimiento de la necesidad de cuidado. La norma entrará en vigor el 5 de enero de 2027, fecha a partir de la cual se aplicará este nuevo marco que deroga el anterior Real Decreto 1148/2011.

Esta norma establece la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración en los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas de la Dirección General de Artes Escénicas y Música. La medida afecta a todas las personas jurídicas (públicas o privadas) y a las personas físicas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que tengan establecimiento en la Unión Europea o Estados asociados al Espacio Económico Europeo.

La decisión se fundamenta en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, que permite obligar al uso de medios electrónicos a colectivos que, por su capacidad técnica o dedicación profesional, dispongan de los medios necesarios. En este caso, el legislador considera que los beneficiarios de ayudas a la música, lírica, danza, teatro y circo poseen el perfil adecuado para adaptarse a esta tramitación habitual, eliminando así la opción de comunicación analógica.

El objetivo es agilizar la gestión de las líneas de ayudas —incluyendo las de creación interdisciplinar, infraestructuras teatrales y subvenciones nominativas— reforzando la transparencia y la eficiencia administrativa mediante la constancia de las actuaciones en archivos electrónicos.

Esta norma regula la introducción y el impulso de la tecnología DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) en el servicio de radiodifusión sonora digital terrestre. El cambio fundamental radica en la transición del sistema de codificación MPEG Layer II (DAB) al MPEG 4 (DAB+), el cual es más eficiente, robusto ante interferencias y permite funciones avanzadas como el sonido multicanal y las alertas de seguridad automática (ASA).

La medida afectará principalmente al ámbito estatal, aunque la tecnología DAB anterior seguirá vigente en los ámbitos autonómico y local hasta que los órganos competentes de cada comunidad o ciudad autónoma decidan lo contrario. Es importante destacar que este cambio es una operación lógica de codificación que no requiere modificar los transmisores de señal ni altera la planificación de redes y bloques de frecuencia ya establecida en el Real Decreto 1287/1999.

La norma entrará en vigor el próximo 6 de febrero de 2027. Hasta entonces, el marco técnico actual se mantiene, aunque la nueva regulación buscará alinear la normativa nacional con las directrices de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la interoperabilidad de los receptores integrados en vehículos nuevos de categoría M.

La actualización del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios en el interior de las edificaciones se produce a través del Real Decreto 958/2026. Esta modificación tiene como objetivo principal fomentar la implantación del estándar DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus), un sistema de codificación de audio más eficiente que el DAB original.

El cambio técnico se centra en la transición hacia la codificación MPEG 4, que permite un uso más optimizado del espectro radioeléctrico, mayor robustez frente a interferencias y la posibilidad de incorporar formatos de audio avanzados y alertas de seguridad automática (ASA). Cabe destacar que esta actualización no requiere la modificación de elementos físicos de red, como los transmisores, sino que consiste en una operación lógica de codificación de la señal.

Dado que el Real Decreto modificador entrará en vigor el próximo 6 de febrero de 2027, estas disposiciones se aplicarán en fecha futura, manteniendo la vigencia de la planificación técnica actual pero adaptándola a los estándares de eficiencia europeos.

La sentencia aclara la competencia de la Junta de Resolución Única (SRB) en el marco del Reglamento (UE) n.º 806/2014. El Tribunal establece que la SRB no solo debe actuar cuando se cumplen las condiciones para resolver una entidad, sino que posee la potestad jurídica de dictar una decisión formal de 'no resolución'. Este acto administrativo cierra el procedimiento y deja que la entidad sea sometida a los procesos de insolvencia nacionales.

En cuanto a las garantías procesales, el TJUE introduce una distinción crucial: el derecho a ser oído en la fase de resolución es independiente de las audiencias previas realizadas por el Banco Central Europeo en la fase de supervisión prudencial. Por tanto, no se puede sustituir un procedimiento por otro.

No obstante, el Tribunal aplica un criterio de causalidad riguroso para la anulación de estos actos. Determina que la vulneración del derecho a ser oído solo conlleva la anulación de la decisión si el afectado demuestra que, de haber sido escuchado, el resultado final habría sido distinto.

La sentencia resuelve un conflicto sobre la transición tecnológica en el sector eléctrico, estableciendo que el objetivo europeo de potenciar la eficiencia energética prevalece sobre el deseo individual del consumidor de mantener un contador convencional. En consecuencia, los gestores de red pueden proceder a la sustitución de los equipos sin necesidad del consentimiento previo del usuario.

En materia de protección de datos, el Tribunal aclara que las redes eléctricas no constituyen «redes de comunicaciones electrónicas» bajo la Directiva 2002/58/CE. Por ello, no es necesario obtener el consentimiento del abonado para acceder a la información del equipo terminal, quedando el tratamiento de los datos sujeto exclusivamente a las reglas generales del RGPD.

Finalmente, el TJUE precisa que la definición legal de «instrumento de medida inteligente» en el derecho nacional no necesita incluir requisitos técnicos de seguridad en su redacción literal, siempre que el resto del marco normativo del Estado miembro garantice la protección de datos y la seguridad exigidas por la Unión.

La sentencia resuelve que la exclusión prevista en el artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) n.º 655/2014, que impide ejecutar créditos contra deudores en proceso de insolvencia, se aplica estrictamente a los procedimientos de los Estados miembros. Por tanto, la apertura de un concurso o proceso similar en un tercer país (fuera de la UE) no bloquea la emisión de una orden europea de retención de cuentas ni la solicitud de información bancaria.

Asimismo, el Tribunal flexibiliza los requisitos para localizar activos. Para que una petición de información sobre cuentas bancarias se considere "bien fundada" según el artículo 14 del citado Reglamento, no es necesario que el acreedor aporte una prueba directa de la existencia de la cuenta. Basta con demostrar la existencia de vínculos económicos acreditados entre el deudor y el Estado miembro, como la presencia de sucursales, filiales o el uso de proveedores de servicios de pago.

Esta interpretación evita que las sociedades no comunitarias utilicen la insolvencia en sus países de origen como escudo para blindar activos situados en territorio europeo, garantizando la uniformidad de la ejecución transfronteriza independientemente de si el Derecho nacional del Estado miembro reconoce o no el procedimiento extranjero.

La sentencia analiza el derecho a la imparcialidad consagrado en el artículo 41.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El Tribunal determina que la imparcialidad subjetiva —la ausencia de prejuicios personales del agente— es un concepto más amplio que el mero conflicto de intereses. Por tanto, no es necesario que el agente tenga un interés personal directo en el resultado para que se considere que ha actuado con parcialidad.

Para acreditar estas vulneraciones, el TJUE establece dos estándares de prueba diferenciados. La imparcialidad subjetiva requiere que el demandante aporte indicios objetivos, pertinentes y concordantes sobre el comportamiento concreto del individuo. En cambio, la imparcialidad objetiva no analiza la conducta personal, sino que evalúa si el procedimiento administrativo ofrece garantías suficientes para descartar dudas legítimas a ojos de terceros.

En el caso concreto, aunque existió una evaluación previa muy negativa y conflictiva, el Tribunal concluye que no se probó la parcialidad subjetiva en el concurso de selección final, ya que hubo actuaciones posteriores neutrales y la calificación eliminatoria fue unánime y basada en criterios técnicos.

La sentencia desestima el recurso de Nord Stream 2 AG contra la Directiva (UE) 2019/692, que amplió el concepto de "interconexión" para incluir las líneas entre un Estado miembro y un tercer país. Con ello, el Tribunal valida la aplicación de las reglas de desagregación (unbundling), que obligan a separar la gestión del transporte de gas de la producción o suministro para evitar que proveedores dominantes abusen de su posición.

El TJUE ha rechazado la alegación de vulneración de las expectativas legítimas. El Tribunal establece que un operador económico no puede basar su seguridad jurídica en la mera inacción previa del legislador europeo; para que existan tales expectativas, se requerirían aseguramientos precisos, incondicionales y coherentes, algo que no ocurrió en este caso.

Asimismo, la resolución aclara que la carga de la prueba sobre la irreversibilidad de las inversiones recae exclusivamente en el recurrente. El Tribunal no tiene la obligación de suplir la negligencia probatoria de las partes mediante medidas de instrucción si la prueba estaba disponible para el interesado.

La sentencia resuelve el conflicto sobre la clasificación de la silanamina como tóxica para los pulmones (STOT RE 2) según el Reglamento CLP. El Tribunal aclara que, cuando existen ensayos propios de la sustancia, la autoridad debe aplicar la regla general del "peso de las pruebas" (punto 1.1.1.3 del Anexo I CLP), que permite integrar datos de sustancias similares sin los requisitos rigurosos de la extrapolación por análogos estructurales, reservada solo para casos donde no existen ensayos previos.

En el plano procedimental, el TJUE establece que el incumplimiento del plazo de 18 meses para emitir el dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo (art. 37.4 CLP) no es un vicio sustancial que anule el acto. Solo provocaría la anulación si se demuestra que el resultado final habría sido distinto, calificando este plazo como un objetivo de eficiencia administrativa y no como un requisito de validez.

Finalmente, el Tribunal distingue el procedimiento del Reglamento CLP del de REACH, precisando que en el primero la consulta pública se realiza sobre la propuesta de clasificación y no sobre el dictamen final del Comité, por lo que no se vulnera el derecho a ser oído al no solicitar observaciones sobre este último.

El Tribunal ha resuelto que una autoridad de control, al tramitar una reclamación basada en el artículo 77 del RGPD, actúa simultáneamente como «responsable del tratamiento» (art. 4.7 RGPD). Esta calificación implica que la autoridad no puede eximirse de garantizar el derecho de acceso previsto en el artículo 15 del RGPD, ya que el registro y conservación de los datos del reclamante constituyen una actividad de tratamiento plenamente regulada.

Asimismo, la sentencia prohíbe que las legislaciones nacionales establezcan exclusiones generales, absolutas y abstractas del derecho de acceso a los expedientes administrativos de estas autoridades. El TJUE aclara que, si bien el artículo 23 del RGPD permite limitar este derecho para proteger a terceros o la seguridad pública, dicha restricción debe basarse en una ponderación caso por caso.

En consecuencia, las autoridades no pueden denegar el acceso de forma automática. En su lugar, deben aplicar medidas menos restrictivas, como la anonimización u ocultación de datos de terceros, para compatibilizar la transparencia con la confidencialidad del procedimiento.

El TJUE ha determinado que los datos relativos al alcance máximo, mínimo e intervalo de escala de verificación deben constar físicamente en el dispositivo. El Tribunal razona que el mandato de "colocar" las inscripciones (artículo 6.5 de la Directiva 2014/31/UE) implica una fijación material y permanente, descartando que un despliegue digital en pantalla sea suficiente.

La sentencia aclara un punto técnico crítico sobre la presunción de conformidad: aunque existan normas armonizadas (como la EN 45501:2015) que permitan la visualización digital, esta presunción solo se aplica a los requisitos esenciales del Anexo I de la Directiva. Las obligaciones de marcado del Anexo III son independientes y deben cumplirse estrictamente, independientemente de las normas técnicas.

El objetivo es garantizar que las autoridades de supervisión puedan verificar las características metrológicas del instrumento en cualquier momento, incluso cuando el aparato esté apagado, durante su transporte o almacenamiento, situación en la que una pantalla digital resultaría inaccesible.

El Tribunal ha determinado que un dispositivo que registre el peso sin poseer una pantalla o impresora propia sigue siendo, técnicamente, un «instrumento de pesaje de funcionamiento no automático» según la Directiva 2014/31/UE. Esto implica que, para usos generales, es válido que el resultado se visualice a través de un monitor externo o un software conectado.

Sin embargo, el TJUE establece una distinción crítica para los aparatos destinados a la venta directa al público con un alcance máximo de 100 kg. En estos casos, para garantizar la transparencia y evitar fraudes en el precio, el punto 14 del Anexo I de la citada Directiva exige que el instrumento cuente con un dispositivo de visualización o impresión integrado, no siendo suficiente un periférico externo.

Asimismo, el Tribunal advierte que las normas armonizadas (como la EN 45501:2015) no pueden prevalecer sobre la Directiva. Por tanto, aunque una norma técnica sugiera que la visualización externa es aceptable en ventas directas, dicha presunción de conformidad no es válida si contradice los requisitos de protección al consumidor de la normativa europea.

El TJUE ha determinado que, si bien las entidades de pago pueden ofrecer contratos de futuros sobre divisas como servicios auxiliares según la Directiva 2015/2366, dicha actividad no puede eludir la protección al inversor. Cuando estos contratos califican técnicamente como "instrumentos financieros" bajo la Directiva 2014/65 (MiFID II), la entidad debe someterse a un control riguroso.

Para que una entidad de pago pueda ofrecer estos derivados sin estar autorizada como empresa de servicios de inversión, debe acreditar que la actividad es estrictamente accesoria. Según el Reglamento Delegado 2017/565, esto implica demostrar tres requisitos acumulativos: que exista una conexión objetiva con la actividad principal, que no sea una fuente sistemática de ingresos y que el servicio no se promocione de forma independiente.

En definitiva, el Tribunal establece que la normativa de servicios de pago no actúa como un "escudo" regulatorio. Si el contrato de futuros no cumple los requisitos para ser considerado un mero medio de pago (como la liquidación física y la finalidad de pagar bienes identificables), la entidad deberá justificar la accesoriedad del servicio o, en su defecto, obtener la autorización correspondiente.

El Tribunal ha resuelto que, a efectos del artículo 5.1 del Reglamento Roma II, el lugar de comercialización de un producto incluye tanto el sitio donde el perjudicado lo adquiere a través de un distribuidor como aquel donde el transportista realiza la entrega. Esta interpretación autónoma y uniforme rechaza la tesis de que la comercialización ocurra únicamente en el momento de la salida de fábrica del fabricante.

Asimismo, la sentencia establece que el concepto de «producto comercializado» es extensivo a aquellos bienes que, sin ser autónomos, forman parte integrante de una instalación técnica más amplia. De este modo, se evita que la naturaleza técnica o integrada de un componente excluya la aplicación de las reglas de responsabilidad por productos.

En la práctica, este criterio desplaza la aplicación de la ley del país del fabricante hacia la ley del lugar de adquisición o entrega, siempre que se cumplan los requisitos del Reglamento, reforzando la protección del perjudicado frente a cadenas de distribución complejas.

La sentencia interpreta el artículo 35.2 del Reglamento CLP, determinando que la similitud de un envase de producto peligroso con uno alimentario debe evaluarse caso por caso mediante su apariencia general (forma, color, tamaño, textura u olor). El Tribunal aclara que los cierres de seguridad que se retiran al primer uso no eliminan el riesgo de confusión, ya que el envase permanece en el hogar durante toda su vida útil.

Un punto clave es que la evaluación del riesgo de error se basará en el mercado nacional, atendiendo a los hábitos locales, y no requiere la prueba de un accidente real; basta con que el riesgo sea "no insignificante". Además, el Tribunal extiende la protección a niños y personas vulnerables, superando la figura del "consumidor medio".

Finalmente, se establece que estas restricciones se aplican a cualquier sustancia clasificada como peligrosa, independientemente de que su toxicidad no sea por ingestión (por ejemplo, si solo es irritante ocular), priorizando el principio preventivo de salud humana sobre la categoría específica del peligro.

El TJUE ha aclarado el alcance del "debido cuidado" que deben observar los distribuidores de productos cosméticos al reproducir la publicidad proporcionada por el fabricante. Según el Tribunal, el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 no impone una obligación de verificación exhaustiva de cada reivindicación científica, ya que ello supondría una carga desproporcionada para el mercado interior.

La responsabilidad del distribuidor solo se activa cuando este disponga de información suficiente que revele que la publicidad es manifiestamente engañosa. En este sentido, el Tribunal señala que un requerimiento fundamentado proveniente de un competidor podría constituir dicha información, obligando al distribuidor a retirar o corregir la publicidad.

Asimismo, el Tribunal resuelve el conflicto normativo entre el Reglamento de cosméticos y la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales. Determina que el Reglamento actúa como *lex specialis*, por lo que, si el distribuidor ha cumplido con su deber de diligencia sectorial, no puede ser sancionado bajo la Directiva general de consumo por el mero hecho de reproducir la información del fabricante.

La sentencia surge de un conflicto en Francia sobre la posibilidad de certificar como "agricultura ecológica" los productos a base de cannabidiol (CBD). Mientras que el sector agrícola argumentaba que el CBD es un producto agrícola transformado según el Reglamento 2018/848, la administración sostenía que su falta de autorización como "nuevo alimento" impedía dicha certificación.

El Tribunal ha resuelto que la certificación ecológica no es un mero trámite técnico sobre el método de producción, sino una herramienta de fomento de ventas que debe garantizar la confianza del consumidor. Por ello, resulta contradictorio otorgar el sello de la UE a un producto que no ha superado los controles de seguridad alimentaria exigidos por el Reglamento 2015/2283 para los nuevos alimentos.

En consecuencia, la legalidad de la comercialización es un presupuesto implícito y necesario para acceder al etiquetado ecológico. El Tribunal ha rechazado incluso que la posibilidad de exportar estos productos a terceros países justifique su certificación, ya que ello dañaría la credibilidad y la imagen global del logotipo ecológico europeo.

La sentencia aclara que el concepto de "principal empresario" se define estrictamente por la importancia económica significativa en un sector (cargos, inversiones o volumen de actividad), independientemente de que el sujeto tenga vínculos políticos directos con el poder ruso. Asimismo, el Tribunal precisa que un sector es "fuente sustancial de ingresos" para un Estado mediante una valoración absoluta de los recursos aportados, sin necesidad de compararlos porcentualmente con el presupuesto global del país.

En cuanto al control de proporcionalidad, el TJUE establece que las medidas restrictivas son legales si son aptas para alcanzar el objetivo de presión política, sin que sea necesario demostrar que la sanción tiene un impacto concreto e inmediato sobre el Gobierno del tercer país. Además, se ratifica que la gestión de activos de una sociedad, aunque no exista titularidad formal de acciones, es suficiente para ostentar la condición de empresario.

Finalmente, el Tribunal reduce la exigencia motivacional del Consejo en las revisiones periódicas de las listas de sanciones. Se considera válida una respuesta sucinta a las alegaciones del sancionado, siempre que el Consejo explique que los elementos aportados no alteran la situación fáctica que justifica el mantenimiento de la medida.