jueves, 5 de noviembre de 2026: Nueva limitación de precios en situaciones de emergencia para consumidores

Esta medida prorroga la autorización otorgada a Dinamarca para aplicar una excepción al artículo 75 de la Directiva 2006/112/CE. Concretamente, permite que los sujetos pasivos que matriculen vehículos comerciales ligeros (de hasta tres toneladas) exclusivamente para fines profesionales puedan utilizarlos para necesidades privadas sin perder el derecho a deducir el IVA soportado por la adquisición del vehículo.

Para evitar la pérdida de dicha deducción, el contribuyente deberá abonar una cuota a tanto alzado diaria, fijada en 40 DKK. Este método de cálculo simplificado está estrictamente limitado a un máximo de veinte días de uso privado por año civil. El objetivo es simplificar las obligaciones fiscales y el procedimiento de recaudación en casos de uso privado ocasional.

La autorización, que originalmente expiraba a finales de 2026, se extiende ahora hasta el 31 de diciembre de 2029. El sujeto pasivo conserva la opción alternativa de matricular el vehículo para fines mixtos, en cuyo caso no abonaría la cuota diaria pero perdería el derecho a deducir el IVA del coste de adquisición.

La actualización del texto consolidado, introducida mediante el Real Decreto-ley 32/2026, establece un nuevo mecanismo de coordinación entre los órganos judiciales y la Administración Pública. El objetivo es agilizar la determinación de las ayudas en concepto de anticipo de indemnización por responsabilidad civil para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gélida.

En concreto, se dispone que el órgano judicial notifique a la Administración la información necesaria para concretar la ayuda y gestionar la eventual subrogación del Estado en los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones. Asimismo, se regula el pago directo a los beneficiarios en aquellos casos donde la indemnización reconocida supere el importe del anticipo otorgado.

La norma regula un sistema de ayudas extraordinarias para las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo), complementarias a las indemnizaciones ordinarias. Se introducen ayudas por fallecimiento y lesiones, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil mediante el cual el Estado se subroga en los derechos de crédito del beneficiario hasta el importe anticipado, sin obligación de devolución si la indemnización final es inferior.

En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, se garantiza la protección de los trabajadores afectados por problemas de movilidad y se asimilan las prestaciones por incapacidad o muerte derivadas del accidente a las de accidente de trabajo o pensión extraordinaria, mejorando así su cuantía.

Asimismo, se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incorporando el artículo 20 ter. Este precepto prohíbe incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, fijando como límite máximo el precio aplicado en los treinta días anteriores al inicio de la emergencia (o el precio del año anterior actualizado por el IPC en servicios estacionales), salvo que el operador justifique objetivamente un aumento de costes.

Esta norma regula la estructura, organización y funcionamiento de los órganos encargados de la inspección educativa en el ámbito de gestión del Ministerio. El objetivo es actualizar una regulación que databa de 1996, adaptándola a la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y al reciente Real Decreto 68/2026, garantizando así la seguridad jurídica de los inspectores y la eficacia del sistema.

La estructura organizativa se articulará a través de la Subdirección General de la Inspección de Educación, dependiente de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa. La norma detalla el funcionamiento de la Inspección Central y de los Servicios de Inspección Educativa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, estableciendo los principios de actuación, la provisión de puestos, la formación profesional y los mecanismos de evaluación.

Dado que la norma fue publicada el 4 de noviembre de 2026 pero su fecha de vigencia es el 24 de noviembre de 2026, el nuevo régimen de organización y funcionamiento entrará en vigor en dicha fecha. Hasta entonces, las disposiciones establecerán el marco para la provisión de puestos y la actuación inspectora bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Esta Decisión de Ejecución regula la creación del EDU-EDIC, una iniciativa estratégica que busca reducir la dependencia de proveedores de educación digital de terceros países. El consorcio fomentará la oferta europea de soluciones de tecnología educativa para centros escolares, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, y reforzará la gobernanza y la interoperabilidad de los datos educativos en la Unión.

El consorcio nace a solicitud de España, Francia, Países Bajos, Grecia, Croacia, Eslovenia, Finlandia y Bélgica. Para su funcionamiento, se ha reconocido al EDU-EDIC como un organismo internacional, siguiendo lo establecido en el artículo 14 de la Decisión (UE) 2022/2481 y en consonancia con las directivas fiscales y de IVA aplicables (Directiva 2006/112/CE y Directiva (UE) 2020/262), siendo los Países Bajos el Estado miembro de acogida.

El objetivo final es construir un ecosistema de aprendizaje digital que sea inclusivo, innovador y de confianza, alineado con la Unión de las Capacidades y el próximo paquete educativo de la Unión Europea para aumentar las capacidades de enseñanza en todo el territorio comunitario.

Esta decisión regula la incorporación del capítulo III del Reglamento (UE) 2025/327 al anexo 2 del Marco de Windsor. Concretamente, se integran las condiciones y especificaciones técnicas necesarias para la introducción de productos en el mercado y su puesta en servicio, así como la prestación de servicios que puedan incidir en la libre circulación de mercancías.

La medida se fundamenta en el artículo 13, apartado 4, del Marco de Windsor, que permite al Comité Mixto modificar los anexos del acuerdo para incluir nuevos actos de la Unión que entren en su ámbito de aplicación, siempre que no sustituyan actos ya enumerados. Cabe destacar que el artículo 29 del citado Reglamento (UE) 2025/327 ha quedado expresamente excluido de esta integración al considerarse fuera del ámbito del Marco de Windsor.

Esta decisión establece la postura de la Unión Europea ante el Comité Mixto para incorporar el Reglamento (UE) 2025/2455 al anexo 2 del Marco de Windsor. Esta medida se ampara en el artículo 13, apartado 4, del citado Marco, que permite al Comité Mixto modificar sus anexos integrando nuevos actos de la Unión que entren en su ámbito de aplicación, siempre que no sustituyan a normas ya enumeradas.

No obstante, la integración no es total. Se han excluido expresamente del ámbito del Marco de Windsor diversas disposiciones del Reglamento (UE) 2025/2455, concretamente el artículo 25, así como numerosos puntos específicos de los anexos I, III y V, además de los campos de datos del anexo IV vinculados a dichas exclusiones.

Esta Decisión regula la apertura de negociaciones con Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Perú. El objetivo es crear una base jurídica que permita el intercambio sistemático de datos personales y el envío de fiscales de enlace de estos países a Eurojust en comisión de servicios, herramientas que actualmente no están disponibles mediante los acuerdos de trabajo ordinarios de la agencia.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Cooperación con los Socios Internacionales 2024-2027 y responde a necesidades operativas en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Para ello, se apoya en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2018/1727, que faculta a Eurojust para mantener relaciones de cooperación con terceros países.

Los futuros acuerdos deberán garantizar la protección de los derechos fundamentales, basándose en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Específicamente, se prohíbe cualquier intercambio de información que pueda derivar en tratos inhumanos, degradantes o en la imposición de la pena de muerte, respetando estrictamente los artículos 7, 8 y 47 de dicha Carta relativos a la vida privada, la protección de datos y la tutela judicial efectiva.

Esta norma modifica el Reglamento (UE) 2023/2124 con el objetivo de transponer estrictamente las recomendaciones vinculantes de la CGPM. Entre las medidas principales, se establecen nuevas zonas restringidas de pesca en la fosa de Jabuka/Pomo (Adriático) y en el Golfo de León, además de implementar planes de gestión plurianuales para especies como el besugo en el mar de Alborán, el coral rojo, la anguila europea y diversas poblaciones demersales y de crustáceos en el estrecho de Sicilia y el mar Jónico.

El texto introduce asimismo normativas sobre la mitigación de impactos negativos de la pesca en aves marinas, tortugas, cetáceos y elasmobranquios. En el ámbito operativo, regula el transbordo en la zona de la CGPM, crea un sistema de certificados de capturas de rodaballo en el mar Negro y establece normas mínimas para la pesca recreativa sostenible en el Mediterráneo.

Finalmente, la norma impone una obligación medioambiental específica: a partir del 15 de agosto de 2027, los dispositivos de concentración de peces (DCP) deberán construirse exclusivamente con materiales biodegradables para reducir la contaminación plástica marina. El Reglamento entrará en vigor el próximo 24 de noviembre de 2026.

Esta norma actualiza el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002, regulando específicamente la inmovilización de fondos y recursos económicos de personas, grupos y entidades vinculadas a EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

La modificación responde a decisiones del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En concreto, se suprimen tres entradas de la lista de sancionados y se actualizan los datos de identificación de otras tres entradas para garantizar la precisión de las medidas restrictivas.

El Tribunal ha resuelto que el plazo de prescripción de cinco años para que el Parlamento Europeo reclame indemnizaciones indebidas comienza a computarse desde la recepción del informe final de la OLAF. Se considera que es en ese momento cuando la institución dispone de pruebas suficientes para que la deuda sea cierta, líquida y exigible, descartando que la mera sospecha inicial active el cómputo.

En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal establece que recae exclusivamente en el diputado la obligación de demostrar la realidad y necesidad del trabajo prestado. Para ello, no bastan indicios débiles como la presencia de iniciales en recortes de prensa; se exigen hechos positivos y acreditables, tales como agendas, borradores o correos electrónicos.

Finalmente, el fallo aclara que los correos electrónicos de los diputados son de su propiedad y no del Parlamento. Por tanto, el borrado automático del sistema no vulnera los derechos de defensa, ya que es responsabilidad del interesado sauvegarde la documentación que justifique los gastos reembolsados.

El Tribunal ha resuelto una disputa sobre la naturaleza de los "pasivos sintéticos" en el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR). Ha determinado que el concepto de "pasivo" debe interpretarse de forma homogénea con las normas IFRS y el Reglamento Delegado 2015/63, lo que implica que las partidas de ajuste contable deben computarse, independientemente de si representan una obligación económica real o una ficción contable.

Asimismo, el Tribunal ha rechazado la posibilidad de excluir pasivos intragrupo cuando una de las partes es una entidad instrumental (SPV), ya que la exención prevista en el artículo 5.1.a) del Reglamento Delegado 2015/63 se aplica estrictamente solo a operaciones entre "entidades" definidas legalmente.

El punto más relevante es la fijación de un canon de 5 años como plazo razonable para que la JUR realice ajustes de aportaciones de ejercicios anteriores. Aunque la normativa no establezca un plazo expreso, el Tribunal considera que permitir reclamaciones indefinidas vulneraría el principio de seguridad jurídica. En consecuencia, ha anulado los ajustes retroactivos que superaban dicho lustro.

La sentencia ratifica la legalidad del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2660, que renueva el uso del glifosato. El Tribunal establece que el principio de precaución no exige la ausencia total de riesgos ni un consenso científico absoluto para aprobar una sustancia, sino una gestión basada en la evidencia disponible. En este sentido, valida que la Comisión haya priorizado las evaluaciones de la EFSA y la ECHA sobre la clasificación del CIRC de la OMS.

En el plano procesal, el Tribunal refuerza la 'regla de concordancia' en los reexámenes internos según el Reglamento (CE) n° 1367/2006. Esto implica que los recursos judiciales contra el rechazo de dichos reexámenes no pueden introducir pruebas o motivos nuevos que no fueran planteados en la fase administrativa, salvo que constituyan una ampliación estrechamente vinculada a los originales.

Finalmente, se aclara la aplicación del Reglamento 1107/2009 sobre sustancias activas. El Tribunal determina que para que una sustancia sea aprobada no es necesario que todos sus usos sean inocuos, sino que basta con que al menos una utilización representativa cumpla los criterios de seguridad.

La sentencia analiza las sanciones impuestas a la Russian Maritime Register of Shipping, entidad estatal rusa. El Tribunal ha determinado que, si bien el Consejo es competente para retirar un reconocimiento técnico basándose en objetivos políticos (Política Exterior y de Seguridad Común o PESC), la medida adoptada fue excesiva.

El núcleo del fallo reside en la proporcionalidad: el Tribunal distingue entre una suspensión provisional y una retirada definitiva. Esta última se considera irreversible en la práctica, ya que obligaría a la entidad a reiniciar todo el proceso de reconocimiento desde cero. Al ser la suspensión una medida igualmente apta para ejercer presión política pero menos gravosa y reversible, la revocación total resulta desproporcionada.

Por otro lado, el Tribunal ha aclarado aspectos procesales clave. Ha confirmado que la prórroga de una Decisión PESC no reinicia el plazo para recurrir contra el Reglamento que la ejecuta si este no tiene fecha de expiración. Asimismo, ha denegado la legitimación de la entidad para impugnar la prohibición de acceso a puertos para los buques que certificaba, al considerar que dicha medida afecta a la situación jurídica de los buques y no directamente a la sociedad certificadora.

La sentencia establece que los informes de evaluación no requieren que cada juicio de valor esté respaldado por ejemplos fácticos exhaustivos, siempre que la valoración esté individualizada y no sea impersonal. El Tribunal matiza que, si las deficiencias han sido recurrentes en ejercicios anteriores, el evaluador no tiene la obligación de repetir todos los ejemplos, ya que el contexto es conocido por el funcionario.

Asimismo, el Tribunal aclara que el cumplimiento formal de un 'plan de acompañamiento' —como la entrega puntual de informes semanales— no vincula a la Administración a otorgar una calificación satisfactoria si la calidad final del trabajo sigue siendo deficiente. Se valida que un plazo de dos meses y medio es suficiente para garantizar la utilidad de dichos planes de mejora.

En el plano procesal, el Tribunal reafirma la 'regla de concordancia', determinando que quien recurra tras una reclamación administrativa previa no podrá introducir en sede judicial motivos de impugnación que no guarden una relación estrecha con la causa expuesta originalmente.

La sentencia analiza el rechazo de una subvención para el gasoducto «EastMed» por parte de la CINEA. El Tribunal establece que, cuando una convocatoria exige que un documento sea «legalmente válido» o «conforme a una norma», la administración no debe limitarse a un mero check-list formal, sino que tiene la potestad y el deber de verificar que el contenido cumpla los requisitos regulatorios en la fase de admisibilidad.

En el caso de los proyectos de infraestructuras energéticas (Reglamento TEN-E), se ha fijado que existe un orden jerárquico de financiación obligatorio: primero el mercado, luego las soluciones regulatorias mediante tarifas y, finalmente, las subvenciones de la UE. Para que la solicitud sea admisible, es imprescindible acreditar una «solicitud de inversión» real y genuina ante las Autoridades Reguladoras Nacionales (NRA), evitando que este paso se convierta en un simple trámite para acceder a los fondos europeos.

Asimismo, el Tribunal aclara que el derecho a ser oído no obliga a la administración a consultar al solicitante sobre las deficiencias detectadas antes de declarar la inadmisibilidad de la propuesta, siempre que la decisión final esté debidamente motivada y permita el control judicial.

El Tribunal ha resuelto un conflicto sobre el registro de una marca de la Unión Europea, determinando que la adición de términos descriptivos, como la palabra 'outlet', no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión si el núcleo del signo es fonéticamente idéntico o muy similar a una marca preexistente.

En cuanto a la naturaleza de los productos, la sentencia introduce una distinción clave: los bastones y los bolsos son productos disímiles. A pesar de compartir canales de distribución (como tiendas de deportes), el Tribunal argumenta que tienen finalidades, materiales y ubicaciones físicas distintas, lo que impide que exista riesgo de confusión entre ellos según el artículo 8(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001.

Finalmente, el fallo aclara que no se puede presumir que el consumidor español conozca el francés. Por ello, el término 'le sac' no fue considerado descriptivo ('el bolso') sino distintivo, ya que el solicitante no probó que el público pertinente comprendiera el significado inmediato de la expresión en lengua extranjera.

La sentencia analiza la denegación del reconocimiento de naturaleza profesional de un cuadro de 'burn-out' o síndrome depresivo. El Tribunal aclara que, cuando una patología no figura en la lista europea de enfermedades profesionales (conforme al art. 3.2 de la Reglamentación de Cobertura), recae sobre el trabajador la carga de probar el nexo causal directo entre sus funciones y la enfermedad.

En cuanto al control judicial, el Tribunal establece que su función se limita a verificar la legalidad del procedimiento y la coherencia de la motivación, sin competencia para reconocer directamente el origen profesional de una enfermedad, ya que ello invadiría las prerrogativas de la autoridad nominadora. Asimismo, valida que los informes médicos sean decididos por mayoría, aunque existan objeciones por escrito de algún miembro de la comisión.

Un punto relevante es la integración jurídica de la Directiva 89/391/CEE (sobre seguridad y salud en el trabajo) en el Estatuto de los Funcionarios a través del art. 31.1 de la Carta de Derechos Fundamentales. No obstante, el Tribunal determina que la evaluación de riesgos general del puesto es una herramienta colectiva y no un documento obligatorio en el expediente médico individual del funcionario.

El Tribunal ha resuelto que no existe error manifiesto cuando un evaluador califica positivamente la capacidad técnica de un empleado, pero negativamente su conducta y disciplina. En este sentido, el TJUE ratifica que los evaluadores gozan de un amplio margen de discrecionalidad, y que el control judicial se limita a verificar la regularidad del procedimiento y la ausencia de abuso de poder.

En el plano procedimental, la sentencia aclara la aplicación del artículo 7(2) de la Decisión No 46/2015 de Frontex. El Tribunal establece que el derecho a mantener un diálogo con el asesor de apelación no es automático ni implícito al rechazar un informe, sino que requiere una solicitud expresa y escrita por parte del empleado en su escrito de rechazo.

Finalmente, el Tribunal ha delimitado la protección del denunciante (whistleblowing) prevista en los artículos 22a y 22b del Reglamento del Personal. Ha determinado que las críticas a la gestión administrativa o las tensiones jerárquicas no activan la protección contra represalias, ya que esta última queda reservada para la denuncia de actividades ilegales o fallos graves en el cumplimiento de obligaciones profesionales.

La sentencia analiza la aplicación del artículo 8(5) del Reglamento (UE) 2017/1001, que protege a las marcas con reputación frente a signos similares, incluso si los productos no son idénticos. En este caso, el Tribunal determina que existe una similitud visual y fonética superior a la media entre 'BMV' y 'BMW', y rechaza que la primera sea un acrónimo descriptivo estándar del sector electrónico.

Un punto clave de la resolución es la distinción entre 'similitud' y 'proximidad'. El Tribunal establece que, para denegar un registro basado en la reputación de una marca, no es necesaria una similitud técnica entre los bienes, sino una 'simple conexión'. Así, considera que los monitores de batería son complementarios a los automóviles, ya sea como accesorios, componentes de coches eléctricos o elementos en vehículos especializados.

Finalmente, el Tribunal concluye que el uso de 'BMV' supondría un aprovechamiento indebido (*free-riding*) de los valores de fiabilidad y calidad asociados a BMW. Al no probarse que el signo fuera un término neutro o necesario en la industria, se confirma la prohibición del registro y se condena a la demandante al pago de las costas.

La sentencia analiza la reducción del coeficiente de corrección en Hungría, que provocó que la Comisión Europea exigiera a una empleada la devolución de cantidades percibidas en exceso. El Tribunal ha determinado que la recuperación de estos importes se rige por el Artículo 3(6) del Anexo XI del Reglamento del Personal, que actúa como norma especial (*lex specialis*).

Lo fundamental de este criterio es que, al aplicarse dicha norma especial, la Administración no necesita analizar si el empleado actuó de buena fe al percibir el dinero. A diferencia del régimen general de recuperación de indebidos (Artículo 85), donde la buena fe puede eximir del pago, en las actualizaciones salariales retroactivas la recuperación es automática y legal.

Asimismo, el Tribunal ha aclarado que las publicaciones de coeficientes en el Diario Oficial son meramente informativas y no actos administrativos impugnables. También ha precisado que la obligación de realizar encuestas de precios cada cinco años no se extiende a las encuestas de presupuesto familiar, otorgando a las instituciones una amplia discrecionalidad en sus métodos estadísticos.

El conflicto surgió por la solicitud de registro de la marca "EM | BLEU" para componentes electrónicos, que chocaba con la marca anterior "BLUE". El Tribunal ha determinado que existe un riesgo de confusión real basándose en que términos básicos como "bleu" (francés) y "blue" (inglés) remiten al mismo concepto —el color azul— y son comprensibles para el consumidor medio de la Unión, incluido el público alemán.

Un punto clave de la sentencia es la valoración de los elementos gráficos. El Tribunal ha dejado claro que los signos tipográficos ordinarios, como la barra vertical ("|"), carecen de carácter distintivo y no sirven para romper la similitud conceptual entre dos términos. Asimismo, ha señalado que la adición de prefijos cortos (como "EM") no es suficiente para anular la similitud cuando los productos son idénticos, ya que la identidad de los productos compensa una similitud visual o fonética baja.

Finalmente, el Tribunal ha rechazado la admisión de nuevas pruebas estadísticas sobre competencias lingüísticas presentadas ya en fase judicial, subrayando que la revisión de la legalidad de los actos de la EUIPO debe basarse en el contexto fáctico existente en el momento de la decisión de la Cámara de Recursos.

La controversia surgió cuando la Administración tributaria rumana exigió el pago de IVA a un fabricante de vehículos por ceder moldes y equipos a sus subcontratistas sin coste. El fisco argumentaba que, al no existir una relación de facturación directa entre el fabricante de piezas y el propietario del equipo —interviniendo un intermediario—, la operación se realizaba para fines ajenos a la empresa, asimilándose así a una prestación onerosa según el artículo 26.1 de la Directiva 2006/112/CE.

El Tribunal ha desestimado este criterio, estableciendo que lo determinante es la realidad económica y no la estructura formal de facturación. Se considera que la operación no es ajena a la empresa cuando influye en su buen funcionamiento y rentabilidad. En este caso, el interés del fabricante en garantizar la calidad técnica de sus componentes y reducir riesgos financieros justifica la cesión gratuita como parte intrínseca de su proceso productivo.

En consecuencia, el Tribunal General determina que no debe asimilarse a una prestación de servicios onerosa siempre que el destino final de los componentes fabricados con dicho utillaje sea exclusivamente el fabricante propietario del equipo, independientemente de que la venta se canalice a través de terceros.

El Tribunal ha resuelto un conflicto sobre el registro de la marca 'SUNS' frente a la marca anterior 'SUN 68' para productos de vestuario (Clase 25). La clave de la sentencia reside en la valoración de la distintividad: mientras que la EUIPO distinguía entre ropa solar y ropa general, el Tribunal unifica el criterio, señalando que el consumidor no disocia la ropa común de los climas soleados. Por ello, el término 'SUN' se considera débilmente distintivo para todo el sector textil.

Esta calificación jurídica cambia el equilibrio de la comparación entre signos. Según el artículo 8.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, cuando el elemento común es débil, las diferencias gráficas —como la tipografía o la presencia de números— adquieren un peso determinante. En este caso, la estilización de las letras y el número '68' en negrita de la marca anterior son suficientes para reducir la similitud global.

Como consecuencia, el Tribunal anula la denegación del registro para la ropa general. Establece que, ante una similitud baja basada en elementos débiles, el riesgo de confusión solo puede sostenerse si el titular de la marca anterior demuestra que su signo ha adquirido un carácter distintivo reforzado mediante el uso efectivo en el mercado.

El Tribunal ha analizado el caso de Promedivet SRL, que pretendía registrar marcas compuestas por términos como "pro", "medi", "vet", "herba" o "vital". El órgano judicial ha determinado que, cuando un signo se compone de elementos que designan la especie, calidad o destino del producto, el consumidor los descompone y percibe una descripción directa. En consecuencia, la simple suma de términos descriptivos no genera una impresión lo suficientemente original como para apartarse de la mera descripción del producto.

Asimismo, el Tribunal ha subrayado que la adquisición de carácter distintivo mediante el uso (Art. 7.3 del Reglamento 2017/1001) requiere pruebas directas y concretas de la percepción del público en el territorio donde el signo es descriptivo. En este caso, se han rechazado como insuficientes las facturas en moneda local de un solo Estado miembro, la mera presencia en plataformas de venta online o el material publicitario, al considerarse este último una prueba secundaria.

Finalmente, el fallo recalca la autonomía del sistema de marca de la UE. El hecho de que un signo haya sido registrado a nivel nacional o que la EUIPO haya permitido registros similares en el pasado no crea "expectativas legítimas" ni vincula la decisión actual, que debe ajustarse estrictamente al Reglamento comunitario.