jueves, 15 de octubre de 2026: Nueva regulación de protección contra la lengua azul en animales terrestres

Esta norma regula las medidas específicas de protección contra la lengua azul, adaptando el marco nacional al Reglamento de Ejecución (UE) 2026/169. Dicha norma europea reclasifica la enfermedad en la categoría D+E, lo que permitirá un marco regulatorio más flexible y alineado con los requisitos de la enfermedad hemorrágica epizoótica debido a su similitud epidemiológica.

La Orden derogará la anterior Orden APA/229/2025 para actualizar los conceptos técnicos, definir las nuevas zonas sometidas a programa en España y actualizar las áreas de vacunación, tanto obligatoria como voluntaria. Asimismo, establecerá una estrategia diferenciada para Canarias y las Illes Balears debido a su condición insular y su situación epidemiológica particular.

Dado que la norma fue publicada el 14 de octubre de 2026 pero su fecha de vigencia es el 1 de noviembre de 2026, las nuevas medidas de protección y la redefinición de zonas de vacunación entrarán en vigor en dicha fecha.

Esta Decisión de Ejecución modifica el anexo I de la Decisión 2012/642/PESC, eliminando dos entradas correspondientes a personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que anteriormente estaban sujetas a medidas restrictivas.

La medida responde a una evaluación de las circunstancias actuales realizada por el Consejo, que ha determinado que procede la supresión de dichos sujetos de la lista de sanciones establecida en el marco de la situación en Bielorrusia y su implicación en la agresión rusa contra Ucrania.

Esta decisión modifica la Decisión 2010/638/PESC para prorrogar la aplicación de las medidas restrictivas vigentes hasta el 27 de octubre de 2027. La medida busca mantener la presión diplomática y económica basada en la situación actual de dicho país.

Asimismo, la norma actualiza el anexo de personas sujetas a estas restricciones, procediendo a la retirada de dos individuos de la lista oficial, lo que supone el levantamiento de las medidas personales que pesaban sobre ellos.

Esta norma regula concretamente las condiciones técnicas, la gestión operativa y los procesos de validación de los permisos de conducción móviles para asegurar que sean interoperables entre las autoridades expedidoras, las carteras europeas de identidad digital y las entidades encargadas de su comprobación. Para ello, los permisos deberán expedirse como declaraciones electrónicas cualificadas de atributos, siguiendo el marco del Reglamento (UE) n.º 910/2014, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad y seguridad técnica.

El reglamento impone a las autoridades expedidoras la obligación de garantizar que los datos sean exactos y equivalentes a los del permiso físico. Asimismo, establece un sistema de revocación inmediata para casos de anulación, suspensión o restricción del derecho a conducir. Una novedad relevante es el procedimiento de cooperación entre Estados miembros para reflejar la confiscación de un permiso móvil en el documento digital, ya que el dispositivo electrónico no puede ser incautado físicamente como ocurriría con el plástico.

La norma entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, las personas responsables de la comprobación estarán obligadas a utilizar medios de verificación técnicos en lugar de basarse en referencias visuales, asegurando así la autenticidad y validez del documento digital mediante la red del permiso de conducción de la UE.

Esta norma modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 765/2006 para suprimir a dos personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que anteriormente estaban sujetos a medidas restrictivas debido a la situación en Bielorrusia y su implicación en la agresión rusa contra Ucrania.

La decisión se basa en una evaluación de las circunstancias actuales, lo que conlleva la eliminación de dichos sujetos del marco de sanciones establecido en el artículo 8 bis del reglamento base.

Esta norma suprime a dos personas de la lista de sujetos afectados por las medidas restrictivas contempladas en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1284/2009. La decisión es el resultado de una revisión de los perfiles de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que se encontraban bajo estas sanciones.

La modificación se fundamenta en el artículo 15 bis del citado Reglamento (UE) n.º 1284/2009, que permite la actualización de los listados de sancionados según la evolución de la situación en Guinea.

El Tribunal ha determinado que la administración cometió un error manifiesto de apreciación al evaluar a un trabajador como 'experto legal' cuando había sido reclutado como 'experto en gobernanza'. El fallo subraya que estas funciones son materialmente diferentes, ya que la primera exige una formación jurídica avanzada y una investigación legal exhaustiva que el puesto original no requería.

La sentencia aclara que la mera publicación de la descripción del puesto en un sistema informático interno no constituye una notificación válida. Para que un despido al finalizar el periodo de prueba sea legítimo, el empleado debe haber tenido la oportunidad de demostrar sus aptitudes en 'condiciones normales', lo que implica recibir instrucciones adecuadas y, en caso de cambios en las tareas, la formación necesaria.

Como consecuencia, el Tribunal ha anulado la decisión de despido y ha condenado a la entidad al pago de 15.000 € por daños materiales (pérdida de oportunidad) y 2.000 € por daños morales, aunque ha rechazado las pretensiones relacionadas con el acoso psicológico por no haber sido impugnadas en tiempo y forma administrativamente.

El Tribunal General ha confirmado la legalidad de la decisión de la Comisión Europea de denegar el acceso a un formulario estándar utilizado para solicitar asistencia en la obtención de pruebas entre Autoridades Nacionales de Competencia. La clave del litigio residía en si un documento en blanco, sin datos de un caso concreto, podía considerarse parte de una "investigación" sujeta a confidencialidad según el Reglamento 1049/2001.

El Tribunal ha determinado que el concepto de investigación es autónomo y no requiere la existencia de un expediente abierto. En este sentido, la revelación de plazos temporales y pasos procedimentales internos —como la duración de las fases preparatorias o la gestión de traducciones— permitiría a las empresas anticipar la fecha de una inspección, eliminando el factor sorpresa y facilitando la destrucción de pruebas.

Asimismo, la sentencia ratifica que, en los recursos de anulación basados en el artículo 263 del TFUE, el Tribunal General solo tiene competencia para controlar la legalidad del acto administrativo, pero no puede emitir órdenes directas a las instituciones para que entreguen la documentación solicitada.

El Tribunal ha resuelto que la inscripción de la cesión de una marca de la Unión Europea no tiene efectos retroactivos. En consecuencia, el sucesor legal solo puede continuar el procedimiento en el estado en que se encuentre, sin que la transmisión de la titularidad permita recuperar plazos ya expirados o invocar prórrogas que no eran aplicables al titular original.

En este sentido, se ha determinado que un nuevo titular no puede utilizar prórrogas excepcionales (como las concedidas a entidades en Ucrania) para presentar escritos que el cedente omitió presentar antes del vencimiento del plazo ordinario. La seguridad jurídica y la igualdad de trato exigen que estas excepciones se interpreten de forma restrictiva.

Asimismo, la sentencia ratifica que el pago de la tasa de restitutio in integrum (según el artículo 104.3 del Reglamento 2017/1001) es un requisito esencial y constitutivo de la solicitud. La falta de abono conlleva la inadmisibilidad automática del recurso, sin que la EUIPO tenga la obligación de enviar un requerimiento formal de pago previo.

El Tribunal ha establecido una distinción fundamental entre la 'autoridad parental' (capacidad de representación y decisión) y la 'custodia' a efectos del Estatuto del Personal de la UE. Para la concesión de asignaciones familiares, el concepto de custodia se refiere estrictamente a la custodia física y la residencia habitual del menor. En consecuencia, si los hijos residen con el otro progenitor, este es el beneficiario legal de los pagos, independientemente de que el funcionario mantenga la patria potestad conjunta.

Asimismo, el Tribunal ha subrayado que el funcionario tiene la obligación absoluta de proporcionar los datos bancarios y de contacto del custodio físico. La alegación de desconocimiento de dicha información o la falta de relación con el ex cónyuge no exime al trabajador de su responsabilidad ni justifica el mantenimiento de los beneficios sociales.

Finalmente, se confirma que los beneficios accesorios a estas asignaciones tienen una finalidad social: el mantenimiento material de los hijos. Por ello, si el funcionario no ejerce la custodia física ni asume los costes de mantenimiento, el cobro de dichos importes es indebido y recuperable bajo el artículo 85 del Estatuto, especialmente cuando el error en la percepción es patente.

En el marco de las medidas restrictivas contra Siria, el Tribunal ha resuelto que el Consejo de la UE posee una amplia discrecionalidad para mantener la congelación de fondos y restricciones de viaje incluso tras el fin de un régimen. El Tribunal valida que, si el Consejo acredita que las redes de influencia económica del antiguo poder siguen activas y representan un riesgo para la transición pacífica, las sanciones pueden persistir.

La sentencia introduce una regla técnica clave sobre la carga de la prueba: la calificación de una persona como «empresario líder» en una economía controlada por el régimen genera una presunción refutable de vínculo con dicho régimen. Esto implica que, una vez que el Consejo prueba la condición de empresario líder, el vínculo se presume legalmente.

Para revertir esta situación, el afectado no puede limitarse a alegaciones genéricas o denuncias de persecución no documentadas, sino que debe aportar pruebas concretas que desvirtúen la valoración del Consejo. En este caso, el Tribunal desestimó el recurso al contrastar que la inversión real del demandante en el proyecto Marota City era significativamente superior a la declarada.

La sentencia analiza el régimen del margen de beneficio (art. 314 de la Directiva 2006/112/CE), que permite tributar el IVA solo sobre la diferencia entre el precio de compra y venta. El conflicto surge cuando la Administración deniega este régimen porque el proveedor cometió un error (por ejemplo, al vender como bienes de ocasión productos que eran nuevos), obligando al revendedor a pagar el impuesto sobre el valor total.

El Tribunal General ha determinado que es incompatible con el principio de efectividad del Derecho de la Unión que los Estados miembros obliguen al contribuyente a tramitar la alegación de su buena fe a través de un procedimiento de equidad separado y discrecional. Esta separación procesal imponía costes desmesurados, demoras excesivas y dificultades probatorias que hacían que el ejercicio del derecho fuera excesivamente difícil.

En consecuencia, el Tribunal establece que la buena fe del revendedor debe integrarse obligatoriamente en el procedimiento ordinario de liquidación del impuesto, donde la Administración tiene el deber de determinar los hechos de oficio y considerar todas las circunstancias relevantes, incluidas las favorables para el sujeto pasivo.

El conflicto surge tras el rechazo a la concesión de un derecho comunitario sobre una variedad de manzana, al no considerarse distintiva frente a otra ya existente. La demandante alegaba que la OCVV vulneró el principio de buena administración y su deber de investigación de oficio al no examinar una característica técnica propuesta por ella y no incluida en las guías oficiales (Protocolo TP/14/2).

El Tribunal General ha determinado que, si bien la OCVV debe actuar con diligencia, el examen de distintividad, uniformidad y estabilidad debe ceñirse estrictamente a las guías aprobadas por el Consejo Administrativo, según el artículo 56.2 del Reglamento 2100/94. La mera mención de una característica en la solicitud no vincula a la Oficina ni la obliga a incorporarla al análisis técnico.

Para que la OCVV se desvíe de los protocolos estandarizados, el solicitante debe aportar datos técnicos fiables que demuestren que la característica propuesta es fundamentalmente distinta de las ya contempladas en la guía técnica. En este caso, el Tribunal ha desestimado la acción al considerar que la demandante no aportó dicha evidencia a pesar de tener múltiples oportunidades procesales.

La sentencia analiza el conflicto entre las marcas 'MAGORA' y 'GRUPO AGORA' para servicios inmobiliarios, financieros y de alojamiento. El Tribunal ha determinado que existe un riesgo de confusión basado en el Art. 8(1)(b) del Reglamento 2017/1001, ya que la identidad de las cinco letras finales prevalece sobre la diferencia de la letra inicial 'M' y la presencia de la palabra 'GRUPO', calificada como un término genérico e irrelevante para el consumidor.

Un punto clave de la resolución es la aplicación del principio de neutralización. El Tribunal sostiene que, aunque 'AGORA' tenga un significado histórico (plaza pública griega), este es un término culto que no es percibido de forma inmediata por el público general. Por tanto, esta diferencia conceptual no es suficiente para anular la alta similitud visual y fonética entre ambos signos.

Finalmente, el Tribunal ha ratificado que el nivel de atención superior al promedio en servicios financieros e inmobiliarios no descarta el riesgo de confusión. Asimismo, ha recordado que el recurso ante el Tribunal General es una revisión de legalidad, por lo que no es admisible la presentación de pruebas nuevas que no estuvieran disponibles ante la Junta de Recursos de la EUIPO.