viernes, 9 de octubre de 2026: Regulan el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas

Esta norma regula la recepción, almacenamiento y cotejo de perfiles genéticos para facilitar la identificación de desaparecidos y el derecho a conocer la identidad biológica en casos de sustracción de recién nacidos. El sistema funcionará mediante la aportación voluntaria y gratuita de muestras a través de laboratorios acreditados por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN, los cuales deberán superar controles periódicos de calidad para mantener su acceso al Banco.

Para garantizar la privacidad, el Banco Estatal de ADN no incluirá datos personales identificativos directos (como nombres o direcciones), limitándose a los perfiles genéticos. El tratamiento de estos datos, considerados de especial protección, recaerá en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, quien deberá aplicar las medidas de seguridad y análisis de riesgos exigidas por el RGPD y la LOPDGDD.

La norma prevé la integración de bases de datos ya existentes en diversas comunidades autónomas y la incorporación de los perfiles de la base de datos de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos. Dado que fue publicada el 8 de octubre de 2026, la regulación entrará en vigor el 8 de abril de 2027, fecha a partir de la cual se implementará este marco único de coordinación estatal.

Esta decisión prorroga hasta el 9 de octubre de 2027 las medidas restrictivas establecidas originalmente en la Decisión (PESC) 2024/2643. La medida responde a un informe del Parlamento Europeo que identifica a Rusia como el principal agente estatal responsable de las amenazas híbridas contra la Unión, exigiendo una respuesta más firme ante el aumento de estas actividades desestabilizadoras.

Asimismo, la norma modifica el Anexo I de la Decisión (PESC) 2024/2643, alterando las entradas correspondientes a ocho personas físicas y suprimiendo la entrada relativa a una persona física de la lista de sancionados.

Esta decisión modifica el anexo de la Decisión 2014/145/PESC para añadir a una persona a la lista de individuos, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas. La medida responde a la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia ante la grave escalada del conflicto y los ataques con misiles y drones contra la población civil en Ucrania.

La resolución se fundamenta en el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea y sigue la línea de las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2026, que reafirmaban el apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la disposición de la Unión a adoptar nuevas sanciones coordinadas con sus aliados.

Este Reglamento de ejecución modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2024/2642, alterando específicamente la situación de nueve individuos. En concreto, se han modificado las entradas correspondientes a ocho personas físicas y se ha procedido a la supresión total de la entrada relativa a una persona física de la lista de sancionados.

La medida responde a una revisión del marco sancionador y a un informe del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de 2026. En dicho documento se advertía sobre el incremento de las amenazas híbridas contra la Unión, señalando a Rusia como el principal agente estatal responsable de estas acciones, lo que ha impulsado la necesidad de ajustar las medidas restrictivas.

Esta norma modifica el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014 para incluir a una nueva persona en la lista de sujetos afectados por medidas restrictivas. La decisión responde a la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia tras los recientes ataques con misiles y drones contra la población civil en Ucrania.

La medida se fundamenta en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 269/2014, que permite la adopción de sanciones contra quienes menoscaben la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en consonión con el apoyo político, financiero y militar que la Unión mantiene hacia el país.

Se suspende la entrada en la Unión Europea de partidas de aves de corral, productos reproductivos y carne fresca de aves de corral y de caza procedentes de las áreas afectadas por nuevos brotes de gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Esta medida modifica los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404. La decisión responde a la detección de subtipos H5N1, H5 y H5N5 en provincias canadienses (Manitoba y Alberta), en la isla de Lewis (Escocia) y en los estados estadounidenses de Indiana y Minnesota, donde las autoridades locales ya han establecido zonas restringidas de al menos 10 km y políticas de sacrificio sanitario.

La normativa se fundamenta en el Reglamento (UE) 2016/429, que condiciona la entrada de animales y productos de origen animal a que los terceros países figuren en las listas autorizadas y cumplan los requisitos zoosanitarios establecidos para proteger la sanidad animal de la Unión.

La sentencia resuelve un conflicto donde un empleador calculaba la retribución vacacional y las dietas de manutención basándose únicamente en el contrato indefinido a tiempo completo del trabajador, ignorando los ingresos percibidos a través de contratos adicionales de duración determinada y tiempo parcial.

El Tribunal establece que el derecho a vacaciones retribuidas (según el Art. 7 de la Directiva 2003/88/CE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) exige que el trabajador perciba su "retribución ordinaria". Por ello, si existe una acumulación de contratos con el mismo empresario, la remuneración de las vacaciones debe calcularse sobre la base de la totalidad de los ingresos percibidos por el tiempo de trabajo efectivo en ambos vínculos.

Asimismo, el TJUE determina que cualquier componente retributivo, como las dietas de manutención con carácter salarial, debe aplicarse siguiendo el principio de *pro rata temporis*. Excluir estos conceptos del cálculo vacacional vulnera los Acuerdos Marco sobre el trabajo a tiempo parcial y de duración determinada, al suponer un trato discriminatorio no justificado objetivamente.

El TJUE ha anulado un auto del Tribunal General para establecer que la inclusión de una entidad o activo en una lista coordinada por la Comisión Europea —como la de aeronaves prohibidas bajo el Reglamento (UE) n.º 833/2014— constituye un acto administrativo recurrible en anulación según el artículo 263 del TFUE.

La sentencia corrige un error metodológico previo: para determinar si un acto es impugnable, es indispensable analizar su contenido concreto y su esencia, y no limitarse a las facultades abstractas de la institución. En este caso, aunque la Comisión alegara que la lista era una mera herramienta informativa, el Tribunal determinó que, al vincular obligatoriamente a Eurocontrol, la lista posee sustantividad propia y efectos jurídicos reales.

Asimismo, el Tribunal distingue entre la naturaleza del acto y la legitimación del recurrente. Establece que la recurribilidad debe evaluarse objetivamente; por tanto, incluso si la institución autora careciera de competencia formal para adoptar dicha medida, esto no impide que el acto sea recurrible, ya que la incompetencia es, precisamente, un motivo legal para solicitar su anulación.

El Tribunal ha aclarado la interpretación del artículo 10.3.a) de la Directiva 2003/86/CE, relativo al derecho de reagrupación familiar para personas que entraron en un Estado miembro como menores no acompañados y obtuvieron el estatuto de refugiado tras alcanzar la mayoría de edad.

La sentencia establece que no puede aplicarse un límite temporal abstracto y rígido de tres meses para presentar la solicitud. En su lugar, debe evaluarse si la petición se realizó en un «plazo razonable», analizando las circunstancias particulares de cada caso, la diligencia del solicitante y si la inacción fue provocada por una jurisprudencia o práctica administrativa nacional errónea.

Para fundamentar esta flexibilidad, el Tribunal se apoya en los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que protegen la vida familiar y los derechos del niño, obligando a los Estados miembros a evitar interpretaciones restrictivas que anulen la efectividad de estos derechos.

El Tribunal ha resuelto que las disposiciones definitorias de una Directiva, como el artículo 2.1 de la Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo, no confieren derechos subjetivos a los particulares. Por tanto, el hecho de que un Estado miembro defina incorrectamente el «tiempo de trabajo» no es, por sí solo, base suficiente para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Sin embargo, la responsabilidad del Estado persiste si esa definición errónea provoca la vulneración de una norma sustantiva, como el límite máximo de 48 horas semanales de trabajo (artículo 6.b). En estos casos, el trabajador sí puede reclamar, ya que dicha limitación constituye un derecho directo.

Respecto a la cuantificación del daño, el TJUE rechaza que la indemnización se calcule en función de cuánto tiempo estuvo vigente la norma ilegal. La reparación debe determinarse según el Derecho nacional, basándose estrictamente en el perjuicio efectivo y concreto sufrido por el trabajador y el nexo causal directo con la infracción.

El Tribunal ha declarado que Estonia incumplió el Derecho de la Unión al prohibir que las decisiones sobre visados de corta duración (máximo 90 días) fueran recurridas ante una jurisdicción administrativa, limitando la impugnación a revisiones internas de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior.

La sentencia aclara que, si bien el Código de Visados (Reglamento 810/2009) permite a los Estados organizar sus procedimientos, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE impone un estándar mínimo: el acceso a un tribunal independiente e imparcial. En este sentido, los órganos administrativos no cumplen dicho requisito al existir una relación de subordinación jerárquica y un interés directo en la resolución del conflicto.

Asimismo, el Tribunal subraya que la seguridad jurídica exige que la normativa escrita sea coherente con el Derecho europeo. No basta con que los tribunales nacionales admitan recursos de facto o que existan sentencias de inconstitucionalidad; mantener leyes incompatibles en el ordenamiento crea una ambigüedad inaceptable que constituye una infracción.

La sentencia analiza el régimen fiscal de la Zona Franca de Madeira (Portugal), donde se concedieron reducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Morales a sociedades holding (SGPS) sin exigirles la creación de puestos de trabajo, requisito esencial del régimen para promover el desarrollo regional según el art. 349 TFUE.

El Tribunal desestima los argumentos de las recurrentes, aclarando que las sociedades holding puras no quedan excluidas de la definición de "empresa" (art. 107.1 TFUE) basándose en su naturaleza jurídica nacional. Asimismo, subraya que cualquier derogación de las condiciones de una ayuda autorizada debe ser notificada a la Comisión Europea; de lo contrario, la ventaja fiscal se considera una ayuda de Estado nueva e ilegal.

Finalmente, el TJUE establece que la recuperación de estas ayudas es una consecuencia obligatoria y proporcional de los artículos 107 y 108 TFUE. Por ello, no vulnera la seguridad jurídica ni la confianza legítima de las empresas, incluso si el Estado miembro permitió la práctica durante un tiempo.

La sentencia analiza la calidad para actuar (*locus standi*) de un sindicato que impugnó la decisión del Consejo de la UE de excluir a un funcionario de una lista de promociones. La organización alegaba que se vulneraba un protocolo de negociación firmado por ella, lo que afectaba sus intereses colectivos y su posición como negociadora.

El Tribunal ha confirmado que, según el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), para que un tercero pueda recurrir un acto debe demostrar que este le afecta de forma directa e individual. En este caso, el hecho de haber negociado un acuerdo general sobre procedimientos administrativos o de tener miembros en órganos consultivos no otorga automáticamente legitimación procesal al sindicato como entidad jurídica independiente.

Asimismo, el TJUE ha aclarado que el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, no puede utilizarse para saltarse los requisitos de admisibilidad establecidos en los Tratados ni para modificar el sistema de control jurisdiccional vigente.

La sentencia analiza la interpretación del artículo 22.1 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 en un caso donde las empresas alegaban que el plazo de 15 días hábiles para solicitar el traslado de una operación había expirado tras haber informado a la autoridad luxemburguesa de la existencia de la compra.

El Tribunal establece que la "comunicación“ requerida para disparar dicho plazo no es un simple hecho cognitivo o un rumor, sino que exige una transmisión activa de información pertinente y suficiente. Esta información debe permitir a la autoridad nacional realizar una evaluación preliminar sobre si la concentración afecta al comercio entre Estados miembros y amenaza la competencia en su territorio.

Con esta decisión, el TJUE evita que las empresas intenten bloquear la intervención de la Comisión mediante comunicaciones informales o filtraciones insuficientes, garantizando que los Estados miembros dispongan de datos técnicos reales antes de que empiece a correr el breve plazo legal.