viernes, 2 de octubre de 2026: Nueva indemnización y prórrogas sucesivas en los alquileres de vivienda habitual

Esta norma regula concretamente la estructura, el contenido y la gestión del Registro de producción y gestión de residuos, desarrollando lo previsto en el artículo 63 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. El objetivo es armonizar la información y reforzar la trazabilidad de los residuos, especialmente los peligrosos, mediante un sistema electrónico compartido por todas las Administraciones públicas.

El Real Decreto organiza la información del Registro en tres niveles diferenciados: entidad, centro e inscripción (artículo 5). Asimismo, define las competencias de gestión, delegando en las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla la incorporación de comunicaciones previas y autorizaciones, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asumirá el mantenimiento y la gestión del sistema.

La norma introduce además la creación de una sección pública del Registro, cuyo contenido exacto se determinará mediante orden ministerial (artículo 9). Para asegurar la transición, se incluye una disposición transitoria que obliga a las autoridades competentes a adaptar sus bases de datos actuales a la nueva estructura y contenido reglamentarios.

Esta Decisión modifica la Decisión de Ejecución 2013/700/UE para adaptar los estatutos de la Encuesta Social Europea (ESS ERIC). La medida responde a una propuesta presentada por el propio consorcio el 9 de octubre de 2025, amparada en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 723/2009.

La Comisión Europea ha validado dicha solicitud tras evaluar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 2, del citado Reglamento (CE) n.º 723/2009, que regula el marco jurídico comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas.

Esta Decisión actualiza la delimitación de las zonas de protección, vigilancia y las zonas restringidas adicionales en Bulgaria, así como la duración de las medidas aplicables en ellas. La medida responde a la notificación de quince nuevos brotes detectados entre el 1 y el 23 de septiembre de 2026 en las regiones de Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Kyustendil y Plovdiv.

La norma se fundamenta en el Reglamento (UE) 2016/429 y el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, que regulan el control de enfermedades transmisibles de los animales. Específicamente, se aplican los criterios de establecimiento de zonas restringidas para enfermedades de categoría A, con el objetivo de evitar que el virus se propague a otros establecimientos del Estado miembro o a otros países de la Unión.

La determinación del tamaño de estas zonas y la duración de las restricciones se basan en la situación epidemiológica actual y en las normas internacionales del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Esta decisión modifica el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2025/1708 para reclasificar las zonas de vacunación en las regiones de Auvernia-Ródano-Alpes y Borgoña-Franco Condado. Concretamente, estas áreas pasan de ser consideradas 'zona de vacunación II' a 'zona de vacunación I'.

La distinción técnica, basada en el Reglamento Delegado (UE) 2023/361, es fundamental: mientras que en la zona II se aplican restricciones activas en respuesta a brotes de la enfermedad, en la zona I ya no existen tales restricciones, aunque se mantiene la obligatoriedad de continuar con el plan oficial de vacunación de Francia.

El legislador europeo justifica este cambio basándose en la situación epidemiológica actual y los avances en las campañas de vacunación. El objetivo es evitar perturbaciones innecesarias en el comercio de animales y productos bovinos dentro de la Unión Europea y hacia terceros países.

Esta Decisión de Ejecución actualiza la delimitación espacial y temporal de las zonas de protección, vigilancia y las zonas restringidas adicionales en los distritos de Lárnaca y Nicosia. La medida se fundamenta en el artículo 259.1 del Reglamento (UE) 2016/429, que regula las enfermedades transmisibles de los animales, y en los artículos 21 y 22 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687, los cuales obligan a establecer zonas restringidas ante brotes de enfermedades de categoría A.

La modificación responde a la necesidad de adaptar la duración de las medidas de emergencia basándose en la información epidemiológica actual y en las fechas de limpieza y desinfección preliminar de los establecimientos afectados. El objetivo es evitar la propagación del virus a otros Estados miembros o terceros países, minimizando al mismo tiempo las perturbaciones innecesarias en el comercio de animales y productos derivados dentro de la Unión.

Esta Decisión define concretamente cinco proyectos europeos de interés común en el ámbito de la defensa, seleccionados tras una convocatoria de manifestaciones de interés que contó con nueve propuestas de los Estados miembros. El objetivo es potenciar la competitividad de la industria tecnológica europea y desarrollar capacidades militares esenciales para la seguridad de la Unión.

La selección se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2025/2643 (Reglamento EDIP). Para ello, la Comisión Europea ha coordinado la validación técnica con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Agencia Europea de Defensa (AED), asegurando que los proyectos cumplan con los criterios de prioridad y objetivos estratégicos definidos en dicho reglamento.

La norma prevé que la Comisión pueda participar directamente en estos proyectos y permite que los Estados miembros incluyan al Alto Representante y a la AED como observadores. Asimismo, se anticipa la apertura de una segunda convocatoria de manifestaciones de interés antes de finales de abril de 2027 para evaluar la definición de proyectos adicionales.

Esta decisión regula el nombramiento de D. Gerald Loacker como miembro del Tribunal de Cuentas, cubriendo la vacante dejada por la conclusión del mandato de D.ª Helga Berger el pasado 31 de julio de 2026.

La designación se ha producido siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, basándose en la propuesta presentada por la República de Austria y contando con el dictamen previo del Parlamento Europeo.

El mandato de D. Gerald Loacker se extenderá por un periodo de seis años, comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2032.

Esta medida regula la protección legal de la indicación geográfica protegida (IGP) de la cerveza belga «Vlaams roodbruin bier/Flanders Red Ale», integrándola en el registro comunitario según lo previsto en el Reglamento (UE) 2024/1143.

La inscripción se produce tras el proceso establecido en el artículo 15.4 del citado reglamento, habiéndose publicado la solicitud de Bélgica y no habiéndose recibido ninguna declaración de oposición conforme al artículo 17 del mismo cuerpo normativo.

El Reglamento (UE) 2026/2168 entrará en vigor el próximo 21 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual quedará plenamente blindada esta denominación frente a usos no autorizados en el mercado común.

Esta norma fija los precios representativos, los derechos de importación y los derechos adicionales aplicables a las melazas comprendidas en los códigos NC 1703 10 00 y 1703 90 00. La medida se enmarca en la organización común de mercados de los productos agrarios y busca garantizar un acceso equitativo al mercado de la Unión.

El reglamento establece que, según el artículo 8 del Reglamento Delegado (UE) 2023/2835, si los precios cif representativos y el derecho de importación superan los 8,21 EUR por cada 100 kg, dichos derechos deberán suspenderse o reducirse hasta el importe constatado por la Comisión. Asimismo, se prevé la aplicación de derechos adicionales de importación en caso de existir diferencias entre el precio de activación y el precio cif representativo, conforme al artículo 33 del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2834.

Esta disposición deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1187 y entra en vigor el 1 de octubre de 2026.

El Tribunal de Justicia ha ratificado la legalidad de la decisión de la Comisión Europea de privar de competencia a la autoridad de defensa de la competencia de Alemania en un caso de prácticas colusorias. La clave reside en la aplicación del artículo 11.6 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, que permite a la Comisión intervenir para asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión cuando la autoridad nacional no pueda garantizar una sanción eficaz.

En este sentido, el TJUE ha aclarado que el principio de subsidiariedad (art. 5 TUE) rige la creación de las leyes, pero no la aplicación de competencias ya distribuidas por un Reglamento. Por tanto, no vulnera dicho principio que la Comisión atraiga el asunto hacia sí si se encuentra mejor situada para garantizar la eficacia de la norma, especialmente ante lagunas en el derecho nacional que pudieran ser aprovechadas mediante reestructuraciones corporativas.

Finalmente, el Tribunal ha desestimado la existencia de un derecho subjetivo de las empresas a ser juzgadas por una autoridad nacional específica. Mientras exista una vía de recurso efectiva contra la decisión final, el hecho de que la Comisión sustituya a la autoridad nacional no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho a una buena administración, siempre que los plazos de actuación sean razonables según la complejidad del caso.

El Tribunal ha resuelto que la Comisión Europea puede asumir la competencia de un asunto de defensa de la competencia, incluso superando los plazos indicativos de su Comunicación sobre la cooperación, si existen circunstancias que justifiquen que el organismo europeo esté mejor situado para actuar. En este caso, una reestructuración corporativa de las empresas investigadas generó lagunas en el Derecho alemán que dificultaban la aplicación de sanciones, legitimando la intervención de la Comisión bajo el Reglamento 1/2003.

La sentencia establece que las normas de conducta publicadas por la Comisión en sus Comunicaciones no son meras guías, sino que constituyen una autolimitación de su facultad de apreciación. Esto implica que las empresas pueden invocar el derecho a una buena administración (Art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales) y la confianza legítima para exigir que la Comisión respete sus propios procedimientos.

Finalmente, el Tribunal aclara que el concepto de "cambio material de los hechos" que permite redistribuir un caso dentro de la Red de Competencia no se limita a la infracción en sí, sino que incluye cambios procesales o corporativos. Por tanto, la remisión del asunto a Bruselas para evitar la impunidad por deficiencias normativas nacionales no vulnera el principio de subsidiariedad ni la separación de poderes.

El litigio surge tras la negativa de la Comisión Europea a revisar la prohibición de utilizar sangre bovina en la alimentación de animales de acuicultura, medida adoptada para prevenir la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). Un grupo de empresas del sector alegaba que la mejora de la situación epidemiológica obligaba a la Comisión a iniciar un proceso de revisión conforme al Reglamento (CE) n.º 178/2002 y al Reglamento (CE) n.º 999/2001.

El Tribunal ha aclarado que la presentación de un proyecto de medidas ante un comité es un acto intermedio y preparatorio. Según el artículo 263 del TFUE, la denegación de adoptar un acto solo es recurrible si el acto denegado habría sido, de haberse adoptado, recurrible por sí mismo. Al ser este un paso previo y modificable, su rechazo no constituye un acto administrativo impugnable.

Asimismo, el TJUE ha precisado que las normas sobre comunicación de riesgos del Reglamento (CE) n.º 178/2002, aunque fomentan la transparencia y la participación, no confieren a los operadores económicos un derecho subjetivo para obligar a la administración a iniciar procedimientos de revisión regulatoria. La facultad de revisar medidas provisionales basadas en el principio de precaución sigue siendo una competencia discrecional de la Comisión.

El Tribunal ha analizado un caso en el que un estudiante luxemburgués, pese a haber realizado sus estudios secundarios y obtenido el título en Bélgica, fue relegado a un cupo limitado para 'no residentes' al intentar matricularse en Medicina. La administración belga justificaba esta medida para asegurar que los futuros médicos permanecieran en la región y no abandonaran el territorio tras graduarse, protegiendo así la salud pública.

El TJUE concluye que imponer requisitos de residencia constituye una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad (art. 18 TFUE) y vulnera la libre circulación (art. 21 TFUE). Aunque reconoce que garantizar la disponibilidad de médicos es un objetivo legítimo, considera que la medida es desproporcionada al no contemplar el vínculo educativo como alternativa a la residencia formal.

En consecuencia, el Tribunal establece que haber cursado una parte significativa de la escolaridad secundaria y obtener el título en el Estado miembro receptor demuestra una integración social y educativa suficiente. Este vínculo es un indicador real de la probabilidad de instalación profesional posterior, por lo que no se puede excluir a estos estudiantes de las plazas reservadas a residentes.

El TJUE ha analizado el alcance del artículo 6.1 de la Directiva 2011/7/UE, que otorga a los acreedores el derecho automático a una compensación mínima de 40 euros por cada operación comercial en mora. El Tribunal ratifica que este importe es exigible independientemente de la cuantía de la deuda o de que la demora sea insignificante, ya que su fin es desalentar la morosidad y cubrir costes administrativos.

Sin embargo, la sentencia aclara que este derecho no es absoluto. Un juez nacional puede desestimar la reclamación si el acreedor utiliza la norma de forma abusiva o fraudulenta. Para ello, deben concurrir dos requisitos estrictos: un elemento objetivo (que el cumplimiento formal de la norma no alcance el objetivo de luchar contra la morosidad) y un elemento subjetivo (la voluntad del acreedor de obtener un beneficio mediante la creación artificiosa de la situación de mora).

Es relevante que el Tribunal advierte que ciertos factores, como la presentación masiva de demandas, el tiempo transcurrido desde el fin de la relación comercial o la ausencia de reclamación de intereses de demora, no son pruebas suficientes por sí solas para acreditar el abuso de derecho.

El Tribunal ha resuelto que la concesión de protección temporal (Directiva 2001/55/CE) no faculta a las administraciones para suspender de forma automática el examen de las solicitudes de protección internacional ni para detener el cómputo de sus plazos de resolución, previstos en el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE.

Según el TJUE, el régimen de protección temporal es compatible con el de asilo y no puede utilizarse como un escudo para postergar indefinidamente la resolución de expedientes individuales. El Tribunal destaca que, durante la creación de la norma, los Estados miembros rechazaron explícitamente la posibilidad de suspender el examen del asilo mientras durara la protección temporal.

No obstante, se admite un aplazamiento excepcional y temporal de algunas solicitudes si existe una imposibilidad objetiva de cumplir los plazos y es estrictamente necesario para evitar la saturación del sistema, siempre que dicha medida sea proporcional y esté debidamente justificada.

La controversia surge de un contrato de arrendamiento donde se obligaba al consumidor a asumir la totalidad de los gastos judiciales y extrajudiciales. Tras declararse abusiva dicha cláusula, se cuestionaba si el profesional podía beneficiarse de la norma procesal general para reclamar las costas, lo cual parecería contravenir la prohibición de sustituir cláusulas nulas por normas supletorias del Derecho interno (art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE).

El TJUE ha determinado que las normas de reparto y tasación de costas no son 'disposiciones supletorias' del contrato, ya que no regulan la relación contractual ni el equilibrio entre las partes, sino que son normas de autonomía procesal del Estado miembro. Por tanto, su aplicación no vulnera la Directiva siempre que se respete el principio de efectividad y no se disuada al consumidor de acudir a los tribunales.

En consecuencia, el Tribunal establece que el consumidor puede ser condenado al pago de costas basándose en la ley procesal si sus pretensiones son desestimadas. El efecto disuasorio para el profesional se mantiene, ya que este deja de poder reclamar la totalidad de los gastos (incluidos los extrajudiciales) para quedar limitado por los baremos legales de tasación.

El conflicto surge tras la extensión de las obligaciones de reducción de emisiones a los remolques y semirremolques (categorías O3 y O4). Los fabricantes alegaban que era injusto pagar sanciones por emisiones generadas por el tractor y no por sus propios vehículos, solicitando la anulación parcial de la norma.

El TJUE ha confirmado que el Reglamento es un acto legislativo adoptado mediante el procedimiento ordinario (art. 192.1 TFUE), lo que impide que sea impugnado como un simple 'acto reglamentario'. Para que un sujeto no destinatario pueda recurrirlo, debe demostrar que está 'individualmente afectado', es decir, que la norma lo alcanza por cualidades particulares y no por pertenecer a una categoría objetiva.

En este sentido, el Tribunal razona que el hecho de que la norma afecte a todos los fabricantes de remolques de ciertas categorías no constituye una situación particular. Asimismo, aclara que el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 47 de la Carta) no permite saltarse los requisitos procesales de legitimación establecidos en el art. 263.4 TFUE.