martes, 1 de septiembre de 2026: Nuevas exigencias probatorias para acreditar el país de «fusión y colada» del acero

Esta norma establece el tipo de pruebas que los importadores deben presentar ante las autoridades aduaneras para acreditar el país de «fusión y colada», definido como el lugar donde el acero o hierro en bruto se produce inicialmente en forma líquida y se deposita en su primer estado sólido.

El documento principal de prueba será el certificado de laminador. No obstante, el Reglamento adopta un marco flexible que permite el uso de documentación complementaria o alternativa cuando dicho certificado no esté disponible. En estos casos, las autoridades aduaneras verificarán la exactitud de las pruebas, lo que podría retrasar el acceso al tipo arancelario correspondiente.

El incumplimiento de este requisito de transparencia, basado en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre el acero, conllevará el rechazo de la importación por parte de las aduanas. Se establece un periodo inicial de un año para la presentación de pruebas antes de que la lista de documentos admitidos sea limitada a partir del 1 de octubre de 2027.

La consulta se centra en determinar si la aportación no dineraria de locales, viviendas, plazas de garaje y la subrogación de un trabajador cumplen los requisitos del artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) para ser calificada como aportación no dineraria especial.

En este sentido, la DGT analiza si los motivos económicos invocados —específicamente la protección patrimonial, la optimización de los riesgos de responsabilidad y la búsqueda de una gestión especializada del inmovilizado— son suficientes para aplicar el régimen de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, el cual permite diferir la tributación de la operación.

La consulta se centra en la posibilidad de aplicar el régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. Este régimen permite que ciertas reorganizaciones empresariales no tributen en el momento de su ejecución, difiriendo la carga impositiva.

Para acceder a este beneficio, la normativa exige la existencia de motivos económicos válidos (artículo 89.2 de la citada Ley). En este caso, la DGT considera que la voluntad de separar actividades con naturalezas, activos y riesgos diferenciados constituye una justificación económica suficiente.

El criterio destaca que objetivos como la mejora de la gestión empresarial, la compartimentación de riesgos, la protección del patrimonio inmobiliario y la facilitación de futuras operaciones corporativas validan la operación a efectos fiscales.